Garabatos al margen

Filosofía, política y otras hierbas

Sobre la libre elección de centro educativo

Mucho se ha escrito sobre cómo la derecha ha disfrazado con los ropajes de la libertad de elección una idea tan antisocial como la privatización de la gestión de la enseñanza pública. Con la habilidad que les caracteriza, entre el malabarismo y la prestidigitación conceptual, hace un tiempo que empezaron a usar y a abusar continuamente del concepto “centro sostenido con fondos públicos”, utilizándolo como equivalente a centro público. Con ello se pretende introducir una falsa unidad en una dualidad sangrante que atraviesa nuestro sistema educativo: hay, por un lado, centros públicos sostenidos con fondos públicos y, por otro, centros privados sostenidos con fondos públicos. Claro que dicho así suena mucho peor, la idea de “negocio sostenido con fondos públicos” es maloliente por sí misma y para tapar este hedor disfrazan todo el cotarro con la consabida libertad de elección: los padres tienen que tener derecho a elegir la educación de sus hijos, faltaría más.

Como he dicho, ya se ha escrito y dicho mucho sobre lo que se pretende ocultar detrás de la libertad de elección: segregación socioeconómica, adoctrinamiento religioso, clasismo, falta de transparencia en la selección del profesorado y mamandurrias diversas como la compraventa de plazas. Cuando surge el debate sobre la educación concertada, lo usual es que sus defensores enarbolen la libertad de elección mientras que sus detractores intenten mostrar que tras el discurso de la libertad de elección se esconden cosas mucho más feas. Rara vez se ataca la idea misma de libre elección de centro y creo que se merece, por lo menos, un análisis más detallado.

En principio parece una de esas ideas incontestables, no parece cabal que alguien se manifieste en contra de la libertad de elección. Elegir es bueno, la libertad es buena, luego la libertad de elección debe ser la repanocha. Ese carácter incontestable de la libre elección de centro suele justificarse a partir de dos argumentaciones distintas. La primera es la que defiende que la libertad de elección, y la sana competencia entre centros educativos que se deriva de ella, redundan en una mayor calidad de la oferta educativa. La segunda, en cambio, se centra en el derecho de los padres a elegir las convicciones o creencias morales, religiosas o ideológicas en las que quieren que sus hijos sean adoctrinados. Mientras que la primera línea de argumentación suele ser defendida por think tanks y fundaciones que quieren dar la batalla ideológica a favor de la privatización de los servicios públicos, la segunda suele ser defendida por padres que esconden su clasismo detrás de la preocupación moral por lo que se enseña a sus hijos. En cualquier caso, puesto que no se trata de criticar a quienes defienden estas ideas, sino de analizar la idea de libertad de elección, vamos a analizar y valorar esas dos argumentaciones por separado.

La libre elección de centro mejora la calidad del sistema educativo

Esta argumentación se basa en concebir el sistema educativo como un sistema de mercado. En ese sentido, la libertad de elección llevaría implícito uno de esos círculos virtuosos del mercado que mejora la calidad de la oferta: como la gente siempre va a elegir el mejor producto, todos intentarán mejorar la calidad de lo que ofrecen, los productos de baja calidad acabarán mejorando o desapareciendo y, finalmente, la calidad general de la oferta mejorará. Conclusión: la libre elección de centro educativo mejora la calidad de la educación.

El punto de partida de esta argumentación consiste en establecer un símil entre el sistema educativo y el mercado que es, cuando menos, dudoso. En principio, incluso aunque concedamos que el libre mercado tiene efectos beneficiosos sobre la calidad de los productos ofertados, dicha analogía no tiene por qué funcionar en el ámbito educativo por la sencilla razón de que la educación no es una mercancía. La idea de que el mecanismo del mercado mejora por sí mismo la calidad de los productos parte del supuesto de una oferta diversa de mercancías de distinta calidad. Si eso no ocurre, no hay efectos beneficiosos del mercado que valgan. Ahora bien ¿tiene sentido diseñar el sistema educativo como un mercado? Dicho más concretamente ¿tiene sentido concebir el sistema educativo como un conjunto de centros educativos que compiten entre sí ofreciendo servicios educativos de distinta calidad? Si concebimos la educación como un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos, la respuesta es no.

Veamos por qué. El derecho a la educación se fundamenta sobre la el ideal de igualdad de oportunidades. Si la educación es un derecho, no es debido a la función de reproducción social que efectivamente cumple, sino a la aspiración ideal a construir una sociedad basada en principios meritocráticos en la que las condiciones de partida de las personas no determinen su destino. Si esto es así, si admitimos que el reconocimiento del derecho a la educación tiene por finalidad la igualdad de oportunidades, entonces no tiene ningún sentido que los centros educativos compitan entre sí para que sus potenciales usuarios elijan los que ofrezcan un servicio de mayor calidad. Si la educación es un derecho, entonces debe ser garantizado para todos por igual y en las mismas condiciones para todos. En este sentido, una sociedad comprometida con el derecho a la educación como eje de la igualdad de oportunidades debe aspirar en la medida de lo posible a que todos los centros educativos den una educación de la máxima calidad. Por ello, la misión del Estado como garante del derecho a la educación no debe ser garantizar la libre elección de centro, sino convertir esa libertad de elección en irrelevante. Si hay una red pública en la que todos los centros ofrecen una educación de la máxima calidad, entonces no hay ninguna razón para preferir un centro a otro y la libertad de elección se convierte en una libertad superflua.

Se me dirá que es iluso pensar que eso es posible. De hecho, como docente que ha recorrido muchos centros educativos de lugares muy distintos, tengo claro que la diferencia entre la calidad de la educación que se ofrece entre unos centros y otros, sin llegar a ser abismal, puede llegar a ser ostensible. El principal factor diferencial suele ser el entorno cultural y socioeconómico en el que está el centro, no es lo mismo un centro de una zona rural, de un suburbio golpeado por la desindustrialización o del centro gentrificado de una capital. Sin embargo, la distancia entre el ideal y la realidad no invalida el ideal: si creemos que la educación es un derecho al servicio de la igualdad de oportunidades, tenemos que comprometernos con la aspiración a que la calidad educativa sea óptima en todos los centros. Si ello implica invertir muchos más recursos en zonas deprimidas económicamente o con un nivel cultural más bajo, no hay ningún problema, es algo que los defensores de la escuela pública llevamos manteniendo desde siempre.

En resumen, la idea de que la libertad de elección mejora la calidad de la educación se asienta en una concepción de la educación que es incompatible con la idea de que la educación es un derecho que debe proveerse a todos por igual.

Los padres deben poder elegir la educación moral y religiosa de sus hijos

La otra argumentación mediante la que se defiende la libertad de elección en educación está basada en el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Otra idea de apariencia incontestable. ¡Faltaría más! Imaginense que yo quisiese educar a mis hijos en el ateísmo, el materialismo y el hedonismo y, al mismo tiempo, se me obligase a matricularlos en un centro educativo de ideario católico. Un caso como este constituiría una aberración, un abuso, una intromisión intolerable en el derecho de las personas a elegir su propia concepción del bien y a tener las creencias religiosas que consideren y, en definitiva, una violación del sacrosanto principio liberal de neutralidad estatal con respecto a la moral privada de los ciudadanos.

El problema de esta línea de argumentación no está en la defensa de la neutralidad estatal que, con matices, podríamos llegar todos a compartir, sino en la conclusión a la que llegan los defensores de la libre elección de centro educativo. Que yo tenga derecho a educar a mis hijos en una concepción de la vida humana atea, materialista y hedonista, no implica en ningún momento que tenga derecho a que el Estado garantice que yo pueda matricular a mis hijos en un centro de ideario ateo, materialista y hedonista.

Más aún, cualquier defensa coherente de la neutralidad del Estado con respecto a la moral privada y a las creencias religiosas, debería llevar aparejada la negativa a que se empleen recursos públicos para enseñar esas cosas en las escuelas. Si creemos que nadie, ni el Estado, debe poder entrometerse en la educación moral y religiosa de nuestros hijos, lo cabal y coherente es que pensemos que los “centros sostenidos con fondos públicos” no deban tener ningún ideario concreto.

En conclusión, y con ello volvemos a lo que decíamos al principio, la libertad de elección no es sólo un eslogan sin mucho fuste que emplean los defensores de los conciertos educativos para ocultar sus verdaderos fines. No es únicamente una forma de ocultar que defienden hacer de la educación pública un negocio privado y convertirla en un sistema educativo segregador, clasista y racista en el que los hijos las familias de clase media no tengan que convivir en las aulas con pobres, moros y gitanos. La libertad de elección es algo más, constituye una concepción sustantiva de cómo debe ser el sistema educativo que es contraria a esa “escuela pública de tod@s para tod@s” que venimos defendiendo. En cuanto escarbamos un poco bajo el concepto mismo de libertad de elección, y las argumentaciones que se utilizan para defenderlo, nos encontramos con una visión de la educación contraria a la concepción de la educación como un derecho universal y opuesta al modo correcto de entender la laicidad y la neutralidad del Estado. La libertad de elección no es una máscara para ocultar al monstruo, sino que es el monstruo mismo.

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Los grandes discursos y las cosas concretas

Sans l’espérance, sans l’hypothèse qu’un autre monde est possible, il n’y a pas de politique, il n’y a que la gestion administrative des hommes et des choses.” (Geneviève Decrop)

Cuando se acercan citas electorales y el trabajo político comienza a confundirse con el de recoger votos, tiende a aflorar una idea que retorna con todas las elecciones como si de un ciclo natural se tratase: hay que evitar los “grandes discursos” porque la gente sólo quiere que se le hable de “cosas concretas”. Se arguye que los discursos excesivamente ideologizados ahuyentan a los votantes. El votante, ese ente indeterminado incapaz de entender abstracciones complejas, sólo quiere que le hablemos de qué mejoras concretas van a ocurrir en su vida si ganamos las elecciones.

“Cosas concretas” es el mantra que se repite en partidos políticos y sindicatos cuando se acercan sus respectivos procesos electorales. Es una idea transversal que nos encontramos en partidos de todo el espectro ideológico, incluso en las formaciones de izquierda. Sin embargo, se trata de una idea profundamente conservadora y reaccionaria. Vamos a mostrar por qué.

En primer lugar, se trata de una idea que lleva implícita la aceptación de la concepción liberal de la democracia. Frente a la visión republicana de la democracia que pone al ciudadano y su participación activa en el centro del universo político, las teoría liberales de la democracia tienden a desconfiar de la capacidad de los ciudadanos para participar en la política. Las masas no están capacitadas para entender los entresijos de la política aunque, paradójicamente, sí que están capacitadas para elegir a los mejores gestores de sus intereses. Es lo que se conoce como Teoría Económica de la Democracia y que asimila el funcionamiento de la democracia al del mercado. Según esta concepción, los partidos compiten entre sí por ofrecer la mejor oferta a unos ciudadanos que sólo votan en función de sus intereses concretos e inmediatos. De algún modo, tal vez mediante el concurso de una mano invisible, se agregan los intereses particulares y egoístas de los votantes y el partido que gana las elecciones está en condiciones de representar el “interés general”. No es necesario que el votante comprenda las complejidades de la gestión pública, ni que vote movido por ideales políticos o por responsabilidad cívica. Basta con que los votantes, desde una posición puramente egoísta, elijan la oferta de cosas concretas que mejor se ajuste a sus intereses. Esta concepción liberal de la democracia se compadece muy bien con la idea de que la ciudadanía no necesita, o no es capaz de entender, grandes discursos y que, por ello, sólo hay que ofrecerle cosas concretas.

En segundo lugar, esta idea está implícita en el discurso neoliberal sobre el fin de la política. Ésta, entendida como la confrontación entre ideologías, es cosa del pasado, de una época inmadura de la humanidad. Una vez que la ciencia económica ha demostrado que el capitalismo es el estado natural del ser humano, no queda espacio para los grandes discursos que plantean una alternativa al sistema. La política debe ceder el espacio a la gestión y a la administración. El sistema, por sí mismo, es capaz de satisfacer los intereses y demandas de la ciudadanía que sólo debe preocuparse de elegir a unos buenos gestores que administren las cosas concretas. La condena que hace el neoliberalismo de todo discurso ideologizado no es otra cosa que la prohibición de plantear discursos que impugnen el sistema como un todo, que planteen alternativas globales al sistema. Mientras permanezcamos atados al lenguaje de las cosas concretas, los intereses concretos y las demandas concretas, no es posible plantear que otro mundo es posible. Lo único que queda es la administración de las cosas y las personas. La proclamada muerte de las ideologías, de los grandes discursos, no es otra cosa que la sustitución de la política por la gestión de las cosas concretas.

Cuando la izquierda se pliega a la praxis política de esconder los discursos emancipadores que la caracterizan y hablar sólo de cosas concretas, no sólo está dando validez a la democracia liberal y al dogma neoliberal de la muerte de las ideologías, sino que está jugando en un tablero de juego en el que no puede ganar. Lo que caracteriza a la izquierda es la creencia de que las reglas y el tablero de juego no son las adecuadas y que es necesario un cambio sistémico. Si nos limitamos a hablar de las cosas que hay en el tablero, nos resultará imposible cuestionar el tablero como un todo. Autolimitarse a discursos pequeños y particulares que sólo hablen de cosas concretas es consagrar el sistema y blindarlo contra cualquier intento de trascenderlo.

Con todo, aunque hemos mostrado que la idea de que la gente ya no quiere oír grandes discursos es profundamente conservadora y nos obliga a jugar según las reglas del enemigo, nos queda por mostrar lo más importante: es una falsedad. En la praxis política, lo concreto siempre necesita estar articulado por algún discurso para ser inteligible, para tener algún sentido. Si nos negamos a hacer manifiesto ese discurso que orienta nuestra praxis política concreta, lo único que hacemos es esconderlo, nunca eliminarlo. Lo que se nos propone entonces con esta idea es esconder nuestros discursos y nuestras señas de identidad para hablarle a las masas en el lenguaje de lo concreto. Se presume que a las masas no le interesa para nada el discurso político que articula nuestra praxis política concreta. La ciudadanía está interesada únicamente en satisfacer sus demandas concretas y resolver sus problemas particulares. Con ello estamos olvidando que el ser humano no sólo es homo œconomicus, sino que tiene poderosas necesidades simbólicas. La ciudadanía, o por lo menos el ideal republicano de ciudadanía que aspiramos a promover, no sólo tiene necesidades e intereses egoístas que resolver, sino que también quiere comprender el universo político en el que vive y necesita tener claros cuáles son los valores políticos que deben orientar su participación política.

Es cierto que cuando el sistema es capaz de satisfacer la mayoría de las necesidades y demandas de los ciudadanos, los ideales políticos que plantean una alternativa al mismo se vuelven poco atractivos para la ciudadanía. Durante los años de burbuja inmobiliaria el discurso hegemónico era incuestionable y cualquier planteamiento alternativo era una excentricidad. Durante esa época, una parte importante de la izquierda optó por la estrategia de hablar únicamente de cosas concretas y esconder los grandes discursos emancipadores. Aunque no fue una estrategia fructífera, podemos entender su sentido en el citado contexto. Sin embargo, en el contexto actual de descomposición del sistema institucional, es una estrategia inadecuada. Estamos insertos en una gran crisis de legitimidad del diseño institucional. Los movimientos sociales son la muestra de que el sistema se ha vuelto incapaz de satisfacer las demandas de la ciudadanía. La gente está más necesitada que nunca de grandes discursos que articulen esas demandas en torno a la idea de otra sociedad posible, de otro mundo posible. Vivimos una época para la política con mayúsculas, para la propuesta de alternativas globales al sistema, no para la política entendida como gestión y administración de las cosas concretas. Estamos más necesitados que nunca de grandes discursos que nos orienten ante esta crisis sistémica.

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El drama de los interinos

Me comentó una excompañera de trabajo que en septiembre de 2012, al iniciarse el curso, mis antiguos compañeros de trabajo preguntaban: ¿dónde están los interinos? ¿qué ha pasado con ellos? Yo no podía creérmelo. El curso anterior habíamos peleado y protestado hasta la extenuación. Habíamos hecho asambleas en el centro y nos habíamos movilizado de mil maneras. Habíamos explicado a quien quisiese escuchar que el curso siguiente nos iban a despedir y que muchos de nosotros abandonaríamos la enseñanza para nunca volver porque, en algunas especialidades, pasarían años antes de que volviese a haber convocatoria de oposiciones. Sin embargo, sólo encontramos indiferencia por parte de la sociedad. A nadie parecía importarle.

Con todo, aunque ya nadie se lo pregunte, hoy resulta mucho más dramático preguntar dónde están los interinos. Un año y medio después, muchos hemos casi agotado las prestaciones de desempleo. Algunos afortunados han vuelto a trabajar con pequeños tiempos parciales o sustituciones temporales. Las historias que hay detrás de la masacre de empleo interino son, a menudo, dramáticas: compañeros que ya han renunciado a su proyecto vocacional de dedicarse a la enseñanza, algunos que subsisten en la cuerda floja alternando trabajos basura con clases particulares, otros que han tenido que volver a casa de sus padres, parejas de interinos rotas por haber tenido que volver con sus familias a cientos de kilómetros, familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas, etc. De entre los que han quedado trabajando en el sistema educativo, muchos han visto sus vidas cambiadas drásticamente. Forzados a trabajar durante menos tiempo, o con raquíticos tiempos parciales, la pobreza ha llegado a nuestras salas de profesores. Comienza a ser usual conocer compañeros interinos que, pese a estar trabajando, tienen serios problemas para llegar a fin de mes. Comienzan a escucharse cosas que antes nunca se oían en las salas de profesores: casos de compañeros que han tenido que devolver un recibo de la luz o que, tras hacer frente a los pagos fijos del mes, deben subsistir con menos de 150 euros.

Todo este drama humano se debe, según nos dijeron, a que era absolutamente necesario recortar 3.000 millones de euros en educación. No había otra manera de cumplir con los objetivos de déficit. Sé que la cifra puede llegar a marear. Sinceramente soy incapaz de imaginar esa cantidad de dinero. Sin embargo, si la comparamos con los 53.000 millones de euros que ya nos ha costado el rescate bancario, deja de parecer una cantidad tan grande. Ahora bien, si la volvemos a poner en el contexto de los interinos despedidos, vuelve a ser una cantidad desmesurada: varias decenas de miles de profesores se quedaron en paro el curso pasado a nivel estatal.

El Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, constituye, aunque de modo encubierto, el mayor ERE que se ha hecho en este país desde el inicio de la crisis. Parafraseando a Allende, podríamos decir que el drama del colectivo interino es el de un ERE silencioso. Imagínense que en cualquier otro sector, público o privado, se hubiese planteado un ERE de esas dimensiones. Imagínense ahora que a esas personas despedidas les hubiese correspondido una indemnización de 0 euros por año trabajado. Sin duda, habría sido un escándalo. Sin embargo, ya les digo, el drama de los interinos es que a nadie parece importarle.

Puede parecer que, en los tiempos que corren, no es buena cosa ser docente interino, pero, créanme, es mucho peor ser docente interino murciano. Nuestra administración regional, no contenta con ser una de las que, en proporción, más empleo docente ha destruido, decidió precarizar aún más nuestras condiciones de trabajo. Les resumo la historia. El año pasado, con la oposición de todas las fuerzas sindicales y políticas, el Consejo de Gobierno aprobó una nueva regulación de las listas de interinos que, en esencia, viene a significar lo siguiente: con cada convocatoria de oposiciones, normalmente cada dos años, los trabajadores docentes interinos serán sustituidos por otros en función de la nueva nota de oposiciones. No importa que su trabajo siga siendo igual de necesario, ni que su desempeño haya sido excelente. Imagínense que, en cualquier empresa de cualquier sector, cada dos años se despidiese a unos trabajadores para poner a otros que están en el paro pero que han sacado mejor nota en un examen. Imagínense que esa decisión no depende para nada de las necesidades de carga de trabajo de la empresa, ni del buen o mal desempeño de los trabajadores. Sería escandaloso. Sin embargo, el drama de los interinos es que a nadie parece importarle que nos traten como mano de obra precaria de usar y tirar.

Casi siempre que intento explicarle a alguien por qué los interinos estamos tan furiosos y protestamos tanto, me encuentro con indiferencia e incomprensión. He contado muchas veces esta historia y muchas veces me he encontrado con reacciones del tipo “pues haber aprobado” o “normal, los interinos sois trabajadores temporales”. Resulta casi imposible hacer entender que ya hemos aprobado las oposiciones, no una, sino varias veces, y que ya hemos demostrado de sobra que somos profesionales cualificados. Resulta una odisea hacer entender que nuestro trabajo no es temporal o coyuntural, sino que el sistema educativo necesita estructuralmente un número más o menos fijo de trabajadores sin plaza fija para cubrir las vacantes que, por su propia naturaleza, no pueden convertirse en plazas fijas y para cubrir las bajas de los funcionarios. Resulta casi imposible hacer entender que sustituir a unos trabajadores que hacen bien su trabajo por otros es una canallada a todas luces inmoral y que debería ser ilegal.

Con todo, el drama de los interinos no está sólo en las decenas de miles de historias personales dramáticas que se han generado. No está sólo en la precariedad a la que pretende conducirnos este gobierno regional. Tan siquiera está en la injusticia epistémica que se comete a diario contra nuestro colectivo o en la incomprensión de la sociedad sobre nuestras demandas. El drama de los interinos está en que a nadie parece importarle.

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