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Sobre la libre elección de centro educativo

Mucho se ha escrito sobre cómo la derecha ha disfrazado con los ropajes de la libertad de elección una idea tan antisocial como la privatización de la gestión de la enseñanza pública. Con la habilidad que les caracteriza, entre el malabarismo y la prestidigitación conceptual, hace un tiempo que empezaron a usar y a abusar continuamente del concepto “centro sostenido con fondos públicos”, utilizándolo como equivalente a centro público. Con ello se pretende introducir una falsa unidad en una dualidad sangrante que atraviesa nuestro sistema educativo: hay, por un lado, centros públicos sostenidos con fondos públicos y, por otro, centros privados sostenidos con fondos públicos. Claro que dicho así suena mucho peor, la idea de “negocio sostenido con fondos públicos” es maloliente por sí misma y para tapar este hedor disfrazan todo el cotarro con la consabida libertad de elección: los padres tienen que tener derecho a elegir la educación de sus hijos, faltaría más.

Como he dicho, ya se ha escrito y dicho mucho sobre lo que se pretende ocultar detrás de la libertad de elección: segregación socioeconómica, adoctrinamiento religioso, clasismo, falta de transparencia en la selección del profesorado y mamandurrias diversas como la compraventa de plazas. Cuando surge el debate sobre la educación concertada, lo usual es que sus defensores enarbolen la libertad de elección mientras que sus detractores intenten mostrar que tras el discurso de la libertad de elección se esconden cosas mucho más feas. Rara vez se ataca la idea misma de libre elección de centro y creo que se merece, por lo menos, un análisis más detallado.

En principio parece una de esas ideas incontestables, no parece cabal que alguien se manifieste en contra de la libertad de elección. Elegir es bueno, la libertad es buena, luego la libertad de elección debe ser la repanocha. Ese carácter incontestable de la libre elección de centro suele justificarse a partir de dos argumentaciones distintas. La primera es la que defiende que la libertad de elección, y la sana competencia entre centros educativos que se deriva de ella, redundan en una mayor calidad de la oferta educativa. La segunda, en cambio, se centra en el derecho de los padres a elegir las convicciones o creencias morales, religiosas o ideológicas en las que quieren que sus hijos sean adoctrinados. Mientras que la primera línea de argumentación suele ser defendida por think tanks y fundaciones que quieren dar la batalla ideológica a favor de la privatización de los servicios públicos, la segunda suele ser defendida por padres que esconden su clasismo detrás de la preocupación moral por lo que se enseña a sus hijos. En cualquier caso, puesto que no se trata de criticar a quienes defienden estas ideas, sino de analizar la idea de libertad de elección, vamos a analizar y valorar esas dos argumentaciones por separado.

La libre elección de centro mejora la calidad del sistema educativo

Esta argumentación se basa en concebir el sistema educativo como un sistema de mercado. En ese sentido, la libertad de elección llevaría implícito uno de esos círculos virtuosos del mercado que mejora la calidad de la oferta: como la gente siempre va a elegir el mejor producto, todos intentarán mejorar la calidad de lo que ofrecen, los productos de baja calidad acabarán mejorando o desapareciendo y, finalmente, la calidad general de la oferta mejorará. Conclusión: la libre elección de centro educativo mejora la calidad de la educación.

El punto de partida de esta argumentación consiste en establecer un símil entre el sistema educativo y el mercado que es, cuando menos, dudoso. En principio, incluso aunque concedamos que el libre mercado tiene efectos beneficiosos sobre la calidad de los productos ofertados, dicha analogía no tiene por qué funcionar en el ámbito educativo por la sencilla razón de que la educación no es una mercancía. La idea de que el mecanismo del mercado mejora por sí mismo la calidad de los productos parte del supuesto de una oferta diversa de mercancías de distinta calidad. Si eso no ocurre, no hay efectos beneficiosos del mercado que valgan. Ahora bien ¿tiene sentido diseñar el sistema educativo como un mercado? Dicho más concretamente ¿tiene sentido concebir el sistema educativo como un conjunto de centros educativos que compiten entre sí ofreciendo servicios educativos de distinta calidad? Si concebimos la educación como un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos, la respuesta es no.

Veamos por qué. El derecho a la educación se fundamenta sobre la el ideal de igualdad de oportunidades. Si la educación es un derecho, no es debido a la función de reproducción social que efectivamente cumple, sino a la aspiración ideal a construir una sociedad basada en principios meritocráticos en la que las condiciones de partida de las personas no determinen su destino. Si esto es así, si admitimos que el reconocimiento del derecho a la educación tiene por finalidad la igualdad de oportunidades, entonces no tiene ningún sentido que los centros educativos compitan entre sí para que sus potenciales usuarios elijan los que ofrezcan un servicio de mayor calidad. Si la educación es un derecho, entonces debe ser garantizado para todos por igual y en las mismas condiciones para todos. En este sentido, una sociedad comprometida con el derecho a la educación como eje de la igualdad de oportunidades debe aspirar en la medida de lo posible a que todos los centros educativos den una educación de la máxima calidad. Por ello, la misión del Estado como garante del derecho a la educación no debe ser garantizar la libre elección de centro, sino convertir esa libertad de elección en irrelevante. Si hay una red pública en la que todos los centros ofrecen una educación de la máxima calidad, entonces no hay ninguna razón para preferir un centro a otro y la libertad de elección se convierte en una libertad superflua.

Se me dirá que es iluso pensar que eso es posible. De hecho, como docente que ha recorrido muchos centros educativos de lugares muy distintos, tengo claro que la diferencia entre la calidad de la educación que se ofrece entre unos centros y otros, sin llegar a ser abismal, puede llegar a ser ostensible. El principal factor diferencial suele ser el entorno cultural y socioeconómico en el que está el centro, no es lo mismo un centro de una zona rural, de un suburbio golpeado por la desindustrialización o del centro gentrificado de una capital. Sin embargo, la distancia entre el ideal y la realidad no invalida el ideal: si creemos que la educación es un derecho al servicio de la igualdad de oportunidades, tenemos que comprometernos con la aspiración a que la calidad educativa sea óptima en todos los centros. Si ello implica invertir muchos más recursos en zonas deprimidas económicamente o con un nivel cultural más bajo, no hay ningún problema, es algo que los defensores de la escuela pública llevamos manteniendo desde siempre.

En resumen, la idea de que la libertad de elección mejora la calidad de la educación se asienta en una concepción de la educación que es incompatible con la idea de que la educación es un derecho que debe proveerse a todos por igual.

Los padres deben poder elegir la educación moral y religiosa de sus hijos

La otra argumentación mediante la que se defiende la libertad de elección en educación está basada en el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Otra idea de apariencia incontestable. ¡Faltaría más! Imaginense que yo quisiese educar a mis hijos en el ateísmo, el materialismo y el hedonismo y, al mismo tiempo, se me obligase a matricularlos en un centro educativo de ideario católico. Un caso como este constituiría una aberración, un abuso, una intromisión intolerable en el derecho de las personas a elegir su propia concepción del bien y a tener las creencias religiosas que consideren y, en definitiva, una violación del sacrosanto principio liberal de neutralidad estatal con respecto a la moral privada de los ciudadanos.

El problema de esta línea de argumentación no está en la defensa de la neutralidad estatal que, con matices, podríamos llegar todos a compartir, sino en la conclusión a la que llegan los defensores de la libre elección de centro educativo. Que yo tenga derecho a educar a mis hijos en una concepción de la vida humana atea, materialista y hedonista, no implica en ningún momento que tenga derecho a que el Estado garantice que yo pueda matricular a mis hijos en un centro de ideario ateo, materialista y hedonista.

Más aún, cualquier defensa coherente de la neutralidad del Estado con respecto a la moral privada y a las creencias religiosas, debería llevar aparejada la negativa a que se empleen recursos públicos para enseñar esas cosas en las escuelas. Si creemos que nadie, ni el Estado, debe poder entrometerse en la educación moral y religiosa de nuestros hijos, lo cabal y coherente es que pensemos que los “centros sostenidos con fondos públicos” no deban tener ningún ideario concreto.

En conclusión, y con ello volvemos a lo que decíamos al principio, la libertad de elección no es sólo un eslogan sin mucho fuste que emplean los defensores de los conciertos educativos para ocultar sus verdaderos fines. No es únicamente una forma de ocultar que defienden hacer de la educación pública un negocio privado y convertirla en un sistema educativo segregador, clasista y racista en el que los hijos las familias de clase media no tengan que convivir en las aulas con pobres, moros y gitanos. La libertad de elección es algo más, constituye una concepción sustantiva de cómo debe ser el sistema educativo que es contraria a esa “escuela pública de tod@s para tod@s” que venimos defendiendo. En cuanto escarbamos un poco bajo el concepto mismo de libertad de elección, y las argumentaciones que se utilizan para defenderlo, nos encontramos con una visión de la educación contraria a la concepción de la educación como un derecho universal y opuesta al modo correcto de entender la laicidad y la neutralidad del Estado. La libertad de elección no es una máscara para ocultar al monstruo, sino que es el monstruo mismo.

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‘Sobre la libre elección de centro educativo’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

Revelación en una sucursal bancaria

No merece la pena relatar los avatares que me llevaron el otro día a hacer cola durante más de hora y media en una sucursal de un gran banco. Baste reseñar que tienen una íntima relación con la crisis sistémica en la que vivimos. El intento de asir y mostrar las sensaciones que he experimentado en esa cola va a resultar difícil. No sé si mi destreza literaria será suficiente para comunicar la interesante revelación que se me ha presentado en un sitio tan mundano. Comencemos por intentar ponernos en situación.

La cola había alcanzado unas dimensiones tan desmedidas, para el tamaño de la sucursal, que la mayoría de los que entraban decidían salir inmediatamente para volver otro día. Sólo permanecíamos allí los que nos traíamos entre manos alguna gestión impostergable. Fuera estaba nublado. Dentro, una luz blanca, de las que muestran más de lo que ocultan, generaba una extraña sensación de hiperrealidad. Observando a mi alrededor me di cuenta de que, la mayoría de los que allí esperábamos, éramos pobres. La crisis ha hecho que la pobreza se vuelva a palpar, no en la ropa o en las maneras como en otras épocas, sino en los cuerpos mismos. El sistema ha procurado durante las últimas décadas que las diferencias de clase no sean aparentes: ricos y pobres comportándose de un modo igualmente vulgar, vistiendo las mismas ropas, comiendo la misma comida basura y viendo los mismos programas de televisión. Sin embargo, la crisis ha hecho que la pobreza vuelva a ser visible. La angustia y la incertidumbre que ha generado en las clases populares se marca en los cuerpos, los gestos y las posturas. La pobreza ha vuelto a ser visible en los espacios cotidianos.

Si la pobreza se mostraba diáfana en los cuerpos, el sinsentido llenaba las miradas. En ellas se mostraba que la tarea que estábamos realizando no tenía sentido. Por supuesto, cada uno de los presentes habría sido capaz de explicar de modo inteligible la gestión que había venido a realizar. No se trata de ese tipo de sinsentido, sino del que experimentamos cuando nos vemos obligados a realizar una tarea superimpuesta por algo más grande que nosotros mismos. Sísifo también es capaz de explicar con claridad lo que hace (empujar una piedra) y los motivos por los que lo hace (ha sido castigado por los dioses), pero ello no hace que deje de experimentar su tarea como un absoluto sinsentido. Es lo que ocurre cuando nos vemos forzados a hacer cosas que no son fruto de una auténtica elección personal. En el caso de Sísifo, son los dioses. En nuestro caso, un sistema socioeconómico que coloca la banca en una posición central de nuestras vidas. La mayor parte de nuestra existencia nos vemos compelidos a realizar tareas impuestas por el sistema socioeconómico en el que vivimos. Éste, totalmente fetichizado, se experimenta como una fuerza natural que escapa a nuestro control y que domina nuestras vidas como los dioses dominaban la de Sísifo. Solemos pasar de una tarea a otra sin darnos cuenta hasta que llegamos al final del día. Sin embargo, hay momentos, como los viajes en transporte público o las colas demasiado largas, en los que el tráfago vital se detiene y aflora esa sensación de falta de sentido, de que no controlamos nuestras vidas.

Volviendo a la escena en la que estábamos, aún queda un elemento para terminar de aderezarla. Se trata del logo del banco. Allí estaba, blanco sobre rojo, más alto que una persona y en una posición absolutamente central tras los trabajadores del mostrador. Tres focos lo alumbraban con el fin de otorgar al símbolo la misma dignidad aurática que otorga la lamparita que enfoca algunos cuadros en los museos. De hecho, el contraste entre la luz blanca que ilumina la zona de la cola y los focos que alumbran el símbolo dejaba a los trabajadores del mostrador en una situación de semipenumbra relativa que realzaba aún más la posición central del logo. Todo lo que había en la sucursal parecía empequeñecerse ante la presencia abstracta del banco encarnada en ese símbolo.

Tal vez esté dispersando al lector en los detalles, pero me gustaría ser capaz de transmitir la imagen general: pobreza, angustia, falta de sentido y, de fondo, el logo del banco en una escala sobrehumana. El caso es que esta mezcla de elementos me ha trasladado a imágenes de otras épocas y  otros sistemas socioeconómicos distintos al nuestro. Se trata de una asociación de imágenes francamente perturbadora. Verán, a los de mi generación nos han educado en las bondades de la democracia liberal a través del antagonismo con otros sistemas. Hemos cargado nuestro imaginario con las ideas de que las colas absurdas son fruto de burocracias desmedidas que aplastan al individuo, de que la pobreza generalizada es por causa de gobiernos corruptos que intervienen en el orden natural del mercado, de que las tareas sin sentido sobreimpuestas a los individuos son fruto de regímenes en los que no hay libertad, de que los símbolos a escala sobrehumana que empequeñecen al individuo son cosas de la propaganda totalitaria, etc. El sistema ha ido cargando nuestro imaginario con estos y otros fardos para legitimarse y, por ello, cuando ese mismo sistema nos coloca en situaciones que deberían caracterizar a sus antagonistas, algo se cortocircuita en nuestro interior.

Del cortocircuito he pasado inmediatamente a la revelación: nuestro sistema se está convirtiendo paulatinamente en sus contrarios. Siendo, como soy,  ateo y materialista, sé perfectamente lo mal que suena la palabra ‘revelación’. Sin embargo, no encuentro otra palabra más adecuada para describir la patencia manifiesta y la claridad diáfana con la que se me ha presentado esa idea, no como fruto de un razonamiento, sino como encarnada en la situación misma que estaba viviendo. Cuando hablo de revelación no me refiero a una experiencia del tipo ‘eureka’ en la que llegamos a una conclusión por primera vez. Sin duda, ya había pensado con anterioridad sobre estas cosas. Lo que quiero significar es que la idea no se me ha presentado de un modo meramente abstracto, sino como estando absolutamente presente en la situación que estaba viviendo. Todo en aquella sucursal parecía clamar que nuestra modelo social se va acercando a aquellos con respecto a los cuáles se definía por oposición.

Sé que pensarán que comparar nuestra democracia con los desmanes totalitarios del siglo pasado es una frivolidad irresponsable. Peor aún, si a eso le añadimos que esa idea se me ha presentado en una suerte de experiencia mística, entiendo que quieran dejar de leer. Pero tengan paciencia y déjenme explicarme. Desde pequeños, nos han socializado en la idea de que, aunque las democracias occidentales no fuesen perfectas, por lo menos teníamos libertad. Se nos ha inculcado que lo que caracteriza a nuestras sociedades, frente a otras menos civilizadas, es que los individuos tienen libertad para decidir cómo vivir sus vidas. Se nos decía que esa libertad, plasmada en las libertades individuales, era el valor más importante de nuestra sociedad pues sólo un individuo libre puede autorrealizarse y llevar una vida plena y feliz. Por contra, aquellos a los que les había tocado vivir en un régimen fascista o en un país comunista, eran inevitablemente desgraciados por carecer del ingrediente básico para la felicidad: la libertad para elegir el propio proyecto vital. En esos países, el principal enemigo de la libertad y la felicidad de los ciudadanos era el propio Estado que se arrogaba la potestad de intervenir en la vida privada de los individuos, hasta rebasar límites que consideramos intolerables. En cambio, nosotros podíamos estar tranquilos porque en las democracias liberales tenemos eso que se llama Estado de derecho y que impìde que los poderes públicos interfieran en las libertades individuales.

Lo anterior no sólo es una descripción del modo en que la gente de mi generación ha sido socializada, sino que, aunque de un modo simplista y parcial, es una descripción aproximada de lo que realmente diferencia a las democracias occidentales de sus contrarios. En mayor o en menor medida, vivimos en sociedades en las que el Estado está fuertemente limitado para interferir en nuestras preferencias, hábitos y proyectos vitales. Sin embargo, y por eso se trata de una descripción parcial, la principal amenaza para la libertad en nuestros tiempos ya no viene de los Estados, sino de fuerzas y poderes económicos que se han hecho demasiados grandes y parecen escapar a cualquier control. En las sociedades occidentales, los valores típicamente liberales, como el libre desarrollo de la individualidad y la autorrealización personal, ya no son aplastados por los Estados, sino que están siendo imposibilitados por los poderes privados. Es cierto que los individuos ya no nos sentimos pequeños ante un Estado totalitario y omniabarcante, pero igualmente nos sentimos insignificantes ante fuerzas económicas que determinan nuestras vidas y escapan a nuestro control. Ya  no parece que debamos amoldar nuestro modo de ser  y vivir a un ideal promovido desde los poderes públicos, pero los poderes privados sí que nos impelen a ser consumidores compulsivos y trabajadores flexibles y dóciles. El Estado ya no parece omnipresente por la constante presencia de sus símbolos, pero esa omnipresencia ha sido conquistada por las grandes empresas y corporaciones.

El capitalismo realmente existente no sólo ha frustrado la realización de aquellos valores que decía promover, sino que además está caminando hacia sus contrarios. La  defensa a ultranza de la libertad económica que, en la práctica, se acaba convirtiendo en la libertad de los grandes capitales para hacer y deshacer a su antojo está poniendo en peligro la democracia y las libertades individuales. El constante sentimiento que experimenta gran parte de la sociedad de que su vida está en manos de fuerzas y poderes económicos que nadie fiscaliza es ya de por sí un fracaso de los ideales liberales. Pero mucho más grave y peligroso es el hecho de que, sin ningún rubor, los gobiernos legislen tan descaradamente en representación de los intereses de los grandes capitales frente a los intereses de la ciudadanía a la que deberían representar. La democracia y las libertades individuales se están convirtiendo en un estorbo para el desarrollo del capitalismo y eso nos está abocando a un futuro que creíamos haber dejado en el pasado.

No es poca cosa para una mañana perdida en la sucursal de un banco. Aunque a estas alturas ya no sé si debo considerarla como una mañana perdida.

 

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La irracionalidad del nuevo desacuerdo de interinos

Aunque hay mucho debate de fondo sobre si la conducta racional se agota o no en la racionalidad estratégica, hay cierto consenso entre filósofos, economistas y sociólogos a la hora de definir la acción racional como aquella que emplea los medios más adecuados para perseguir los fines propuestos. Aunque es cierto que la racionalidad no se agota en esto, todo el mundo convendría en calificar de irracional a aquella persona que emplea medios inadecuados para alcanzar los fines que se ha propuesto. Nadie diría de alguien que mata moscas a cañonazos que está actuando racionalmente. Este tipo de racionalidad es especialmente valorada por aquellos políticos que se venden a sí mismos como buenos gestores. Una buena gestión política es aquella que emplea los medios más eficientes para perseguir unos fines previamente dados. Si damos por buena esta caracterización de la racionalidad estratégica o instrumental, encontraremos en las últimas acciones de la Consejería de Educación una pasmosa irracionalidad. Un continuo recurso a medios desmedidos e inadecuados para solventar problemas que ellos mismos han creado. No es de extrañar que Sotoca no quiera dar la cara y entre furtivamente a todos sus actos públicos, como si de un delincuente se tratase. No se esconde de los abucheos ni de los gritos que piden su dimisión. Eso va con el sueldo. Se esconde de sí mismo, de tener que profesar públicamente su irracional gestión.

Pongámonos en contexto. Existía en Murcia un acuerdo de interinos que, con todas sus imperfecciones, permitía que los mejores aspirantes de cada oposición que no obtenían plaza se incorporasen por abajo a la lista de interinos. Lo usual era que, en el lapso de tiempo entre una oposición y otra, esas mejores notas que no habían servido para obtener plaza (en un número variable dependiendo de la especialidad y de la coyuntura) permitiesen a los aspirantes empezar a trabajar haciendo sustituciones. Una vez que habían trabajado, se ganaban el derecho de permanecer por delante de los mejores aspirantes de las siguientes oposiciones. Este sistema de confección de listas funcionó bien hasta este curso, no porque lo diga yo, sino porque así lo manifestó la Consejería de Educación en 2009. Funcionó bien fundamentalmente por dos razones. La primera es que permitía a los mejores (los más excelentes como ahora está de moda decir) de cada oposición comenzar a trabajar y tener la expectativa de que con el paso del tiempo tendrían más y mejor trabajo. La segunda es que daba una cierta estabilidad a los docentes interinos en el sentido de que se les daba la seguridad de que en los siguientes cursos seguirían trabajando. Esta estabilidad repercutía a su vez en un mejor desempeño de los interinos que podían dedicar la mayor parte de su tiempo a preparar clases y preocuparse por sus alumnos. Si las perspectivas de trabajo de estos profesores hubiesen dependido de la siguiente oposición, su desempeño habría sido considerablemente menor porque habrían dedicado mucho más tiempo a estudiar.

Sin embargo, en este curso se introduce un elemento extraño que distorsiona el buen funcionamiento del sistema que hemos expuesto. Se trata de la aplicación que hace la Consejería de Educación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Hacemos hincapié en la aplicación que hace la Consejería de Educación de este Real Decreto porque su aplicación en otras comunidades, también gobernadas por el PP, no ha sido tan lesiva para el empleo interino ni ha generado tanto paro. La magnitud de la destrucción de empleo interino ha sido tal que el normal funcionamiento de acceso a las listas de interinos se ha visto seriamente perturbado. Para que se hagan una idea, en la lista de interinos del que escribe, no sólo no han trabajado este curso los aspirantes con mejores notas de la última oposición, sino que tampoco han trabajado los de la oposición de 2008, ni los de 2006. Sólo están trabajando los filósofos interinos que empezaron a trabajar, como muy tarde, en 2004. Esta situación es fácilmente extrapolable a otras listas de secundaria en las que la situación es similar. En primaria, parece ser que el recorte de personal docente ha sido menor pero, igualmente, los aspirantes con mejores notas que no obtuvieron plaza en las últimas oposiciones están parados. La responsabilidad directa de esta situación de paro está en la Consejería de Educación. Se le han ofrecido alternativas para la aplicación del RD 14/2012 que supondrían una menor destrucción de empleo como podría ser hacer computar las guardias como horas lectivas. Sin embargo, el Gobierno de la CARM decidió intentar resolver sus problemas de déficit recortando salvajemente en educación. Esa es una opción política entre otras y, por tanto, debe responsabilizarse por haberla tomado. Repitamos en negro sobre blanco: la responsabilidad del paro en el sector docente y de las dificultades que encuentran los recién titulados para trabajar reside fundamentalmente en las políticas de recorte de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la CARM.

Como la responsabilidad por la situación generada era muy difícil de asumir, la Consejería decidió buscar otro culpable, a saber: el acuerdo de interinos que llevaba funcionando adecuadamente desde 2004. El mensaje comenzó a circular por los medios y asociaciones afines al gobierno: ¡Los nuevos aspirantes a docentes no pueden trabajar porque los interinos que sacan ceros no les dejan! ¡Es injusto que los ceros trabajen y los dieces estén en paro! La anomalía estadística fue convertida en norma y, si uno se dejaba llevar por el revuelo mediático, parecía que todos los interinos que trabajaban tenían ceros y que todos los aspirantes parados sacaban dieces. La Consejería había conseguido crear un nuevo cabeza de turco para tapar su incompetencia. La culpa del paro entre los recién titulados no era consecuencia de su mala gestión, sino de una nueva bestia mítica: el interino que saca ceros. Para que se hagan una idea de cómo se intentó manipular a la opinión pública, todos los interinos que están trabajando este año por mi especialidad han aprobado al menos una de las tres últimas convocatorias de oposiciones. De toda la lista preferente de filosofía, la mitad está en paro, sólo 3 personas han suspendido las tres últimas convocatorias, sólo 15 han aprobado nada más que una de las tres últimas convocatorias y el resto (68%) ha aprobado dos o tres de las tres últimas convocatorias. No he consultado los datos de otras especialidades pero no hay ninguna razón para suponer que, por ejemplo, los biólogos o los químicos sean menos estudiosos que los filósofos.

Una vez creado este revuelo mediático, los representantes sindicales del profesorado tuvieron que encerrarse en la Consejería de Educación para que alguien les dijese qué iba a pasar con el acuerdo de interinos. Costó más de cuatro horas de encierro que el consejero Sotoca superase su timidez y comunicase a los sindicatos que quería un cambio en el sistema de confección de las listas de interinos. Comenzaron las “negociaciones” y, como se trata de un proceso en el que las dos partes deben ceder, sindicatos e interinos hicimos una propuesta unitaria a la Consejería que permitiría expulsar de las listas a todo aquel que no hubiese aprobado unas oposiciones. Con ello se eliminaría el agravio comparativo, aireado por el Gobierno y sus cachorros, de los suspensos trabajando y las buenas notas en paro. Además existía el precedente de que un acuerdo así había sido firmado en el País Valencià por un gobierno del PP. No crean que se trató de una cesión sin importancia. Algunos tuvimos que pisotear nuestros principios y tragar sapos y culebras para defender esa propuesta unitaria. Al fin y al cabo, le estábamos ofreciendo a la Consejería la posibilidad de que mandase al paro, por pocos que fuesen, a excelentes profesionales con años de experiencia. Sin embargo, esta propuesta tan siquiera fue tomada en consideración por el consejero. Su posición fue, durante todo el proceso negociador, la de mantener un sistema en el que, con cada oposición, se rebaremase y se alterase el orden de las listas. Esto, en un contexto en el que debido a los recortes de la propia Consejería sobran profesores, básicamente quiere decir que los interinos deberán jugarse la posibilidad de seguir trabajando con cada examen de oposición. Lógicamente, los sindicatos no podían firmar algo así y Sotoca se vio obligado a llevar el desacuerdo a Consejo de Gobierno y aprobarlo con la oposición de todas las fuerzas sindicales. La soledad de la Consejería en este proceso ha sido directamente proporcional al grado de irracionalidad que ha manifestado aprobando este nefasto desacuerdo. Veamos por qué lo digo.

Al principio decíamos que podemos calificar de irracional a toda acción que emplee medios inadecuados, ineficaces o desmedidos para alcanzar el fin que se propone. La finalidad declarada por la Consejería para publicar este desacuerdo de interinos es la de permitir que los nuevos aspirantes que sacan buenas notas en las oposiciones puedan trabajar. Sin embargo, el medio que ha empleado para conseguir ese fin es:

  1. Inadecuado: No ataca la raíz del problema. Ningún nuevo sistema de confección de listas de interinos puede solucionar los problemas de paro y dificultad de acceso de los nuevos aspirantes a docentes. El problema fundamental es que hay muy pocos interinos trabajando y eso sólo se soluciona revirtiendo los recortes de personal docente que han generado esta situación.

  1. Ineficaz: Los nuevos aspirantes van a seguir teniendo problemas para poder trabajar de interinos, sencillamente porque no hay trabajo. Para que se hagan una idea, en la lista de filosofía hay trabajando 27 personas. Si cogemos la mejor nota de las dos últimas convocatorias, le sumamos 0,4 por cada curso de experiencia y 1 punto por cada oposición aprobada, tenemos que hay 35 personas en la lista preferente que en 2014 tendrán una puntuación superior a 11. Por muy excelentes que sean los próximos aspirantes, sacar un 11 en un examen que se califica sobre 10 está más allá de sus posibilidades. A esto hay que sumarle el hecho de que es previsible que muchos interinos con muchos años de experiencia vengan a probar suerte a Murcia. Una persona que tenga 15 años de experiencia sumará 6 puntos a su nota de la próxima oposición para incorporarse en la lista de interinos, es decir, sacando un 5 en el examen tendrá una puntuación de 11 para calcular su posición en las listas. ¿Por qué se iba a venir un interino con 15 años de experiencia de otra comunidad a esta? Muy sencillo,  muchas comunidades están viviendo paralelamente procesos de rebaremación y reordenación de las listas de interinos. Según el STEPV, hay 5000 interinos en riesgo de perder su posición en la lista en la comunidad autónoma vecina. Si Lucía Figar aprueba su plan máximo para la reordenación de las listas, muchos interinos con años de experiencia se quedarán en paro en Madrid. Muchos de ellos verán en Murcia una oportunidad desesperada para seguir trabajando. En general, estamos en un contexto en el que el desacuerdo aprobado por la Consejería perjudica más que beneficia las expectativas de los futuros aspirantes a docentes.

  1. Desmedido: No sólo no alcanza la finalidad que se propone, sino que crea un problema que no existía. Al consagrar la precariedad y la inestabilidad como criterios fundamentales de ordenación de las listas, precariza aún más al colectivo interino y ello, a su vez, repercutirá sobre la calidad del trabajo que desarrollarán. Si este acuerdo llega a aplicarse, los años que haya oposición los esfuerzos de los interinos se volcarán fundamentalmente en estudiar y, por consiguiente, dedicarán menos tiempo a preparar clases, elaborar materiales, corregir trabajos y preocuparse de los alumnos. Es el sistema mismo de confección de listas que pretende imponer la Consejería el que fomentará este tipo de comportamientos. Se está lanzando a los interinos a un sistema que incentiva más la preparación de las oposiciones que el buen desempeño de su trabajo. Los buenos profesionales que decidan anteponer la formación de sus alumnos a la preparación de las oposiciones serán penalizados. Los malos profesionales que antepongan sus intereses personales a la educación de sus alumnos serán premiados. Extraña forma de promover la excelencia en la labor docente y de incentivar el compromiso ético de los docentes con el aprendizaje de sus alumnos.

El nuevo desacuerdo de interinos es fruto de una gestión ineficaz e irracional. Irracional porque, para solucionar un problema creado por la propia Consejería, emplea un medio ineficiente que además genera nuevos problemas. Al pensar en las actuaciones de la Consejería de Educación en los dos últimos cursos, sólo puedo pensar en la palabra ‘incompetencia’. Uno es un optimista recalcitrante y prefiere pensar que sus gobernantes son unos incompetentes antes de pensar que son malvados. Aún así, cualquiera podría pensar que la finalidad del Gobierno de la CARM no ha sido en ningún momento facilitar el acceso a los futuros aspirantes a docentes, sino precarizar al colectivo interino. Alguien podría pensar que el nuevo desacuerdo de interinos ha sido una forma de castigar a un colectivo que ha sido muy combativo contra los recortes en educación. Pero bueno, ya les digo que prefiero pensar que nuestros gobernantes son irracionales e incompetentes a pensar que son infames, ruines y malvados. Ustedes piensen lo que quieran.

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