El veto parental y la demolición ideológica de la escuela pública

Desde que la extrema derecha comenzó su ofensiva para instaurar lo que han venido en llamar “Pin Parental”, se han esgrimido muchos argumentos en su contra. Se ha argumentado que parte de una incomprensión de lo que la ley establece que son las actividades complementarias y que, por lo tanto,  es ilegal. También se ha contestado a esta medida, desde la perspectiva de la profesionalidad de las y los docentes, argumentando que vulnera la libertad de cátedra y pone en cuestión al profesorado acusándolo de modo infundado de adoctrinar al alumnado. Otra línea de argumentación es la que parte de la perspectiva de los derechos de la infancia aduciendo que el hecho de que a alguien le toque nacer en una familia homófoba, machista, clasista o racista no debería privarle del derecho a ser educado en los valores constitucionales.

Siendo todos estos argumentos correctos, cuando abordamos la cuestión, parece quedarnos la sensación de que argumentar contra una idea tan descabellada es una actividad tan inútil como argumentar contra la idea de que la Tierra es plana. El veto parental no se sostiene, se caerá por su propio peso, será anulado por los tribunales de justicia, impugnado por la razón pública y rechazado mayoritariamente por la sociedad.

Esta sensación de estar boxeando contra un hombre de paja ha hecho que entre cierta izquierda se extienda la idea de que el veto parental es una cortina de humo para tapar la situación de indigencia material en la que se encuentra la escuela pública. Sin duda, esta idea explicaría cabalmente esa sensación si fuésemos capaces de responder a la cuestión de por qué ahora se hace necesario esconder el deterioro de la educación pública. Sin embargo, durante los últimos 10 años hemos asistido a un recorte salvaje de las plantillas de profesorado de la pública,  a un grave deterioro de sus condiciones de trabajo y a un trasvase paulatino de recursos hacia la enseñanza privada-concertada. Nada de esto ha ocurrido de manera velada, sino bajo el foco de la opinión pública y con el altavoz de las movilizaciones de la comunidad educativa que, durante los años más duros de los recortes, fueron lo suficientemente masivas como para que a nadie le pasase desapercibido que algo grave estaba pasando con la educación pública. Ni antes, ni ahora, las administraciones públicas han necesitado ninguna cortina de humo para perpetrar un atraco a mano armada a la escuela pública. Ni parece tampoco que, una vez que los recortes se han convertido en crónicos, sea necesario acudir a ningún espectáculo circense para ocultarlos.

Siempre he pensado que, antes de desechar las ideas de los adversarios ideológicos como ocurrencias disparatadas o meros elementos del circo mediático, debemos analizarlas seriamente para ver contra qué están dirigidas y qué modelo social aspiran a construir. Tomémonos en serio el veto parental ¿Por qué la extrema derecha hace bandera de esta idea? ¿Realmente es tan importante para ellos que sus hijos no se vean expuestos a determinados contenidos? No creo que pensar que esta idea es únicamente fruto de un puñado de ultras, preocupados porque en la escuela se enseñen contenidos relativos al respeto a la diversidad afectivo-sexual, sea una forma correcta de abordar la cuestión. Para comprender adecuadamente lo que está en juego es necesario enmarcar el veto parental en la ofensiva ideológica que, desde hace años, está dirigiendo la derecha contra la idea de que el derecho a la educación debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una escuela pública, de calidad, inclusiva y democrática.

En un anterior artículo de este blog (Sobre la libre elección de centro educativo) argumenté que la idea de libre elección de centro educativo, bajo la apariencia incontestable del derecho a la libertad de elección,  consistía en retorcer el concepto de libertad aplicándolo a ámbitos en los que no tiene cabida para dinamitar la escuela pública. Con el veto parental estamos ante un episodio más de esa misma estrategia. Libertad de elección y neutralidad ideológica del Estado son principios de las tradiciones políticas del liberalismo y el republicanismo que están recogidos en todas las constituciones que aspiran a construir Estados democráticos y de derecho. Por ello, gozan de una apariencia incontestable y, precisamente por eso, la derecha los retuerce hasta sacarlos de su quicio y utilizarlos así como torpedos ideológicos dirigidos a la línea de flotación de la escuela pública y democrática.

Conviene recordar que la sospecha que la derecha arroja sobre la neutralidad ideológica y moral de la escuela no es algo nuevo. Hay una línea de continuidad entre el veto parental y la campaña de objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía llevada a cabo durante el curso escolar 2008/2009. Aquella fue una campaña mucho más ambiciosa por estar dirigida a toda una materia y, por ello, destinada al fracaso. Pasado el primer curso, los pocos progenitores que se sumaron a la objeción comprobaron la poca utilidad de dejar a sus hijas e hijos con una materia suspensa y no se volvió a hablar del asunto. Sin embargo, aunque la campaña de objeción en sí misma fuese un fracaso, sí que fue un éxito desde la perspectiva de plantar la semilla de una idea a la que la derecha le está sacando y le va a sacar mucho partido: en la escuela se adoctrina.

Como decía más arriba, la derecha está utilizando de un modo tramposo el incontestable principio de neutralidad del Estado para fines que nada tienen que ver con la defensa del Estado de derecho y la democracia. Nadie podría poner en tela de juicio que la escuela, como cualquier otra institución del Estado, debe ser neutral con respecto a las creencias morales, religiosas o políticas de la gente. La escuela no tiene nada que decir a las futuras ciudadanas y ciudadanos sobre su moral privada. En este sentido, no puede ni debe pronunciarse sobre el valor de hacer un seguimiento estricto del Ramadán, sobre si el Primero de Mayo es mejor manifestarse con una bandera roja que aperitivear en la playa o sobre si masturbarse en Viernes Santo es más o menos pecaminoso que el resto del año.

Sin embargo, las campañas contra el adoctrinamiento lanzadas por la derecha no van orientadas contra estas intolerables intromisiones del Estado en la moral privada, sino contra cosas en las que un Estado democrático no puede ni debe ser neutral. La asignatura, liquidada por la LOMCE, de Educación para la ciudadanía no contenía en su currículo nada relativo a las morales privadas, sino únicamente a los principios y valores que fundamentan un Estado democrático y de derecho. Del mismo modo, la campaña del “Pin parental” parece ir dirigida fundamentalmente contra charlas dirigidas a concienciar al alumnado en la importancia de respetar la diversidad de formas en las que las personas pueden vivir su sexualidad. Utilizar la retórica del adoctrinamiento para atacar estas cosas es, como decía más arriba, sacar de su quicio el principio de neutralidad ideológica para intentar socavar las funciones sociales de la escuela pública y poner en peligro la democracia misma.

Un Estado democrático no puede ser neutral con respecto a los principios que lo hacen posible. Una democracia saludable no puede ser únicamente un conjunto de procedimientos formales de deliberación pública, sino que debe estar constituida por una ciudadanía que cree en la democracia y participa activamente en ella. Dicho de un modo más sencillo: no hay democracia sin demócratas. La fragilidad de la democracia radica en el hecho de que las instituciones democráticas son tan fuertes como la ciudadanía que las sostiene. Cuando una sociedad deja de creer en los principios  que fundamentan el Estado democrático  de derecho, cuando la gente percibe la política como un juego de poder ajeno a sus intereses, la legitimidad de las instituciones se erosiona gravemente y se abona el terreno para el crecimiento de los fascismos. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de educar en el valor de la democracia y formar a las futuras generaciones en el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable.

No es de extrañar que la tradición teórica del republicanismo haya dado tanta importancia al papel de la educación pública. La democracia no puede pervivir sin una escuela que acoja la diversidad, garantice la igualdad de oportunidades y aspire a crear una ciudadanía formada, responsable y comprometida con el interés general y la defensa de la democracia. No se trata de cargar a la escuela con una responsabilidad social excesiva, sino atribuirle las funciones que debe cumplir en una sociedad democrática. Está claro que la escuela, por sí misma, en ausencia de fuertes políticas redistribuidoras de la riqueza que garanticen los mínimos materiales para un acceso universal a la ciudadanía, no puede atajar el problema de legitimidad que aqueja a las democracias liberales.

Con todo, volviendo al hilo conductor de este artículo, creo que queda claro que la preocupación de la derecha por la neutralidad de la escuela es una impostura. Es un hecho que nuestro sistema educativo no es neutral en aquellas cosas en las que sí debería serlo. La pervivencia de la asignatura de Religión y la existencia de centros sufragados con fondos públicos con un ideario religioso hacen imposible esta neutralidad. El cinismo de la ultraderecha en este asunto es antológico: llamar adoctrinamiento a la enseñanza de valores democráticos mientras, en los centros privados concertados, se adoctrina diariamente en las versiones más rancias de la moral católica.

El empleo que hace la derecha de los conceptos de libertad de elección de centro y neutralidad ideológica es la punta de lanza de la demolición ideológica de la escuela pública y sus funciones sociales. La batalla ideológica lleva en marcha muchos años y aún tiene un largo recorrido. Cincuenta años de contrarrevolución neoliberal, acelerada por la crisis de 2008, han menguado los recursos de la escuela pública hasta conducirla a una situación de indigencia. Ello ha ido acompañado de una ofensiva ideológica feroz y la derecha está ganando la partida. A base de repetir la cantinela de la libertad de elección, ya han conseguido dinamitar el carácter inclusivo de nuestro sistema educativo convenciendo a un amplio sector de la sociedad de que deben existir centros educativos mejores y peores entre los que los progenitores puedan elegir. Se trata de una idea tan contraria al derecho universal a la educación, como algo que debe ser garantizado en condiciones de igualdad, que asombra lo rápido que ha sido asumida por la sociedad.

En este sentido, el discurso de la derecha ya ha mostrado su efectividad y no nos debería extrañar que, en unos años, a base de repetir el mantra del adoctrinamiento, la sociedad asuma como natural la idea de que la formación democrática del alumnado es una función que no corresponde a la escuela. No lo sabemos, puede ser que el discurso de la neutralidad ideológica no acabe teniendo tanto predicamento como el de la libertad de elección, pero sí sabemos que la derecha está dando la batalla y el modelo al que apuntan es claro: una escuela pública de baja calidad para la clase trabajadora cuya única función social sea la de garantizar la reproducción del metabolismo del capital.

Mientras tanto, la izquierda sigue instalada en su palacio de superioridad moral, en una oposición política más basada en el meme y el chascarrillo que en la confrontación ideológica, en el desprecio intelectual del oponente y en una actitud clasista que culpa del triunfo de la derecha a la ignorancia de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Así no podemos ganar.

‘El veto parental y la demolición ideológica de la escuela pública’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

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Sobre la libre elección de centro educativo

Mucho se ha escrito sobre cómo la derecha ha disfrazado con los ropajes de la libertad de elección una idea tan antisocial como la privatización de la gestión de la enseñanza pública. Con la habilidad que les caracteriza, entre el malabarismo y la prestidigitación conceptual, hace un tiempo que empezaron a usar y a abusar continuamente del concepto “centro sostenido con fondos públicos”, utilizándolo como equivalente a centro público. Con ello se pretende introducir una falsa unidad en una dualidad sangrante que atraviesa nuestro sistema educativo: hay, por un lado, centros públicos sostenidos con fondos públicos y, por otro, centros privados sostenidos con fondos públicos. Claro que dicho así suena mucho peor, la idea de “negocio sostenido con fondos públicos” es maloliente por sí misma y para tapar este hedor disfrazan todo el cotarro con la consabida libertad de elección: los padres tienen que tener derecho a elegir la educación de sus hijos, faltaría más.

Como he dicho, ya se ha escrito y dicho mucho sobre lo que se pretende ocultar detrás de la libertad de elección: segregación socioeconómica, adoctrinamiento religioso, clasismo, falta de transparencia en la selección del profesorado y mamandurrias diversas como la compraventa de plazas. Cuando surge el debate sobre la educación concertada, lo usual es que sus defensores enarbolen la libertad de elección mientras que sus detractores intenten mostrar que tras el discurso de la libertad de elección se esconden cosas mucho más feas. Rara vez se ataca la idea misma de libre elección de centro y creo que se merece, por lo menos, un análisis más detallado.

En principio parece una de esas ideas incontestables, no parece cabal que alguien se manifieste en contra de la libertad de elección. Elegir es bueno, la libertad es buena, luego la libertad de elección debe ser la repanocha. Ese carácter incontestable de la libre elección de centro suele justificarse a partir de dos argumentaciones distintas. La primera es la que defiende que la libertad de elección, y la sana competencia entre centros educativos que se deriva de ella, redundan en una mayor calidad de la oferta educativa. La segunda, en cambio, se centra en el derecho de los padres a elegir las convicciones o creencias morales, religiosas o ideológicas en las que quieren que sus hijos sean adoctrinados. Mientras que la primera línea de argumentación suele ser defendida por think tanks y fundaciones que quieren dar la batalla ideológica a favor de la privatización de los servicios públicos, la segunda suele ser defendida por padres que esconden su clasismo detrás de la preocupación moral por lo que se enseña a sus hijos. En cualquier caso, puesto que no se trata de criticar a quienes defienden estas ideas, sino de analizar la idea de libertad de elección, vamos a analizar y valorar esas dos argumentaciones por separado.

La libre elección de centro mejora la calidad del sistema educativo

Esta argumentación se basa en concebir el sistema educativo como un sistema de mercado. En ese sentido, la libertad de elección llevaría implícito uno de esos círculos virtuosos del mercado que mejora la calidad de la oferta: como la gente siempre va a elegir el mejor producto, todos intentarán mejorar la calidad de lo que ofrecen, los productos de baja calidad acabarán mejorando o desapareciendo y, finalmente, la calidad general de la oferta mejorará. Conclusión: la libre elección de centro educativo mejora la calidad de la educación.

El punto de partida de esta argumentación consiste en establecer un símil entre el sistema educativo y el mercado que es, cuando menos, dudoso. En principio, incluso aunque concedamos que el libre mercado tiene efectos beneficiosos sobre la calidad de los productos ofertados, dicha analogía no tiene por qué funcionar en el ámbito educativo por la sencilla razón de que la educación no es una mercancía. La idea de que el mecanismo del mercado mejora por sí mismo la calidad de los productos parte del supuesto de una oferta diversa de mercancías de distinta calidad. Si eso no ocurre, no hay efectos beneficiosos del mercado que valgan. Ahora bien ¿tiene sentido diseñar el sistema educativo como un mercado? Dicho más concretamente ¿tiene sentido concebir el sistema educativo como un conjunto de centros educativos que compiten entre sí ofreciendo servicios educativos de distinta calidad? Si concebimos la educación como un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos, la respuesta es no.

Veamos por qué. El derecho a la educación se fundamenta sobre la el ideal de igualdad de oportunidades. Si la educación es un derecho, no es debido a la función de reproducción social que efectivamente cumple, sino a la aspiración ideal a construir una sociedad basada en principios meritocráticos en la que las condiciones de partida de las personas no determinen su destino. Si esto es así, si admitimos que el reconocimiento del derecho a la educación tiene por finalidad la igualdad de oportunidades, entonces no tiene ningún sentido que los centros educativos compitan entre sí para que sus potenciales usuarios elijan los que ofrezcan un servicio de mayor calidad. Si la educación es un derecho, entonces debe ser garantizado para todos por igual y en las mismas condiciones para todos. En este sentido, una sociedad comprometida con el derecho a la educación como eje de la igualdad de oportunidades debe aspirar en la medida de lo posible a que todos los centros educativos den una educación de la máxima calidad. Por ello, la misión del Estado como garante del derecho a la educación no debe ser garantizar la libre elección de centro, sino convertir esa libertad de elección en irrelevante. Si hay una red pública en la que todos los centros ofrecen una educación de la máxima calidad, entonces no hay ninguna razón para preferir un centro a otro y la libertad de elección se convierte en una libertad superflua.

Se me dirá que es iluso pensar que eso es posible. De hecho, como docente que ha recorrido muchos centros educativos de lugares muy distintos, tengo claro que la diferencia entre la calidad de la educación que se ofrece entre unos centros y otros, sin llegar a ser abismal, puede llegar a ser ostensible. El principal factor diferencial suele ser el entorno cultural y socioeconómico en el que está el centro, no es lo mismo un centro de una zona rural, de un suburbio golpeado por la desindustrialización o del centro gentrificado de una capital. Sin embargo, la distancia entre el ideal y la realidad no invalida el ideal: si creemos que la educación es un derecho al servicio de la igualdad de oportunidades, tenemos que comprometernos con la aspiración a que la calidad educativa sea óptima en todos los centros. Si ello implica invertir muchos más recursos en zonas deprimidas económicamente o con un nivel cultural más bajo, no hay ningún problema, es algo que los defensores de la escuela pública llevamos manteniendo desde siempre.

En resumen, la idea de que la libertad de elección mejora la calidad de la educación se asienta en una concepción de la educación que es incompatible con la idea de que la educación es un derecho que debe proveerse a todos por igual.

Los padres deben poder elegir la educación moral y religiosa de sus hijos

La otra argumentación mediante la que se defiende la libertad de elección en educación está basada en el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Otra idea de apariencia incontestable. ¡Faltaría más! Imaginense que yo quisiese educar a mis hijos en el ateísmo, el materialismo y el hedonismo y, al mismo tiempo, se me obligase a matricularlos en un centro educativo de ideario católico. Un caso como este constituiría una aberración, un abuso, una intromisión intolerable en el derecho de las personas a elegir su propia concepción del bien y a tener las creencias religiosas que consideren y, en definitiva, una violación del sacrosanto principio liberal de neutralidad estatal con respecto a la moral privada de los ciudadanos.

El problema de esta línea de argumentación no está en la defensa de la neutralidad estatal que, con matices, podríamos llegar todos a compartir, sino en la conclusión a la que llegan los defensores de la libre elección de centro educativo. Que yo tenga derecho a educar a mis hijos en una concepción de la vida humana atea, materialista y hedonista, no implica en ningún momento que tenga derecho a que el Estado garantice que yo pueda matricular a mis hijos en un centro de ideario ateo, materialista y hedonista.

Más aún, cualquier defensa coherente de la neutralidad del Estado con respecto a la moral privada y a las creencias religiosas, debería llevar aparejada la negativa a que se empleen recursos públicos para enseñar esas cosas en las escuelas. Si creemos que nadie, ni el Estado, debe poder entrometerse en la educación moral y religiosa de nuestros hijos, lo cabal y coherente es que pensemos que los “centros sostenidos con fondos públicos” no deban tener ningún ideario concreto.

En conclusión, y con ello volvemos a lo que decíamos al principio, la libertad de elección no es sólo un eslogan sin mucho fuste que emplean los defensores de los conciertos educativos para ocultar sus verdaderos fines. No es únicamente una forma de ocultar que defienden hacer de la educación pública un negocio privado y convertirla en un sistema educativo segregador, clasista y racista en el que los hijos las familias de clase media no tengan que convivir en las aulas con pobres, moros y gitanos. La libertad de elección es algo más, constituye una concepción sustantiva de cómo debe ser el sistema educativo que es contraria a esa “escuela pública de tod@s para tod@s” que venimos defendiendo. En cuanto escarbamos un poco bajo el concepto mismo de libertad de elección, y las argumentaciones que se utilizan para defenderlo, nos encontramos con una visión de la educación contraria a la concepción de la educación como un derecho universal y opuesta al modo correcto de entender la laicidad y la neutralidad del Estado. La libertad de elección no es una máscara para ocultar al monstruo, sino que es el monstruo mismo.

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Revelación en una sucursal bancaria

No merece la pena relatar los avatares que me llevaron el otro día a hacer cola durante más de hora y media en una sucursal de un gran banco. Baste reseñar que tienen una íntima relación con la crisis sistémica en la que vivimos. El intento de asir y mostrar las sensaciones que he experimentado en esa cola va a resultar difícil. No sé si mi destreza literaria será suficiente para comunicar la interesante revelación que se me ha presentado en un sitio tan mundano. Comencemos por intentar ponernos en situación.

La cola había alcanzado unas dimensiones tan desmedidas, para el tamaño de la sucursal, que la mayoría de los que entraban decidían salir inmediatamente para volver otro día. Sólo permanecíamos allí los que nos traíamos entre manos alguna gestión impostergable. Fuera estaba nublado. Dentro, una luz blanca, de las que muestran más de lo que ocultan, generaba una extraña sensación de hiperrealidad. Observando a mi alrededor me di cuenta de que, la mayoría de los que allí esperábamos, éramos pobres. La crisis ha hecho que la pobreza se vuelva a palpar, no en la ropa o en las maneras como en otras épocas, sino en los cuerpos mismos. El sistema ha procurado durante las últimas décadas que las diferencias de clase no sean aparentes: ricos y pobres comportándose de un modo igualmente vulgar, vistiendo las mismas ropas, comiendo la misma comida basura y viendo los mismos programas de televisión. Sin embargo, la crisis ha hecho que la pobreza vuelva a ser visible. La angustia y la incertidumbre que ha generado en las clases populares se marca en los cuerpos, los gestos y las posturas. La pobreza ha vuelto a ser visible en los espacios cotidianos.

Si la pobreza se mostraba diáfana en los cuerpos, el sinsentido llenaba las miradas. En ellas se mostraba que la tarea que estábamos realizando no tenía sentido. Por supuesto, cada uno de los presentes habría sido capaz de explicar de modo inteligible la gestión que había venido a realizar. No se trata de ese tipo de sinsentido, sino del que experimentamos cuando nos vemos obligados a realizar una tarea superimpuesta por algo más grande que nosotros mismos. Sísifo también es capaz de explicar con claridad lo que hace (empujar una piedra) y los motivos por los que lo hace (ha sido castigado por los dioses), pero ello no hace que deje de experimentar su tarea como un absoluto sinsentido. Es lo que ocurre cuando nos vemos forzados a hacer cosas que no son fruto de una auténtica elección personal. En el caso de Sísifo, son los dioses. En nuestro caso, un sistema socioeconómico que coloca la banca en una posición central de nuestras vidas. La mayor parte de nuestra existencia nos vemos compelidos a realizar tareas impuestas por el sistema socioeconómico en el que vivimos. Éste, totalmente fetichizado, se experimenta como una fuerza natural que escapa a nuestro control y que domina nuestras vidas como los dioses dominaban la de Sísifo. Solemos pasar de una tarea a otra sin darnos cuenta hasta que llegamos al final del día. Sin embargo, hay momentos, como los viajes en transporte público o las colas demasiado largas, en los que el tráfago vital se detiene y aflora esa sensación de falta de sentido, de que no controlamos nuestras vidas.

Volviendo a la escena en la que estábamos, aún queda un elemento para terminar de aderezarla. Se trata del logo del banco. Allí estaba, blanco sobre rojo, más alto que una persona y en una posición absolutamente central tras los trabajadores del mostrador. Tres focos lo alumbraban con el fin de otorgar al símbolo la misma dignidad aurática que otorga la lamparita que enfoca algunos cuadros en los museos. De hecho, el contraste entre la luz blanca que ilumina la zona de la cola y los focos que alumbran el símbolo dejaba a los trabajadores del mostrador en una situación de semipenumbra relativa que realzaba aún más la posición central del logo. Todo lo que había en la sucursal parecía empequeñecerse ante la presencia abstracta del banco encarnada en ese símbolo.

Tal vez esté dispersando al lector en los detalles, pero me gustaría ser capaz de transmitir la imagen general: pobreza, angustia, falta de sentido y, de fondo, el logo del banco en una escala sobrehumana. El caso es que esta mezcla de elementos me ha trasladado a imágenes de otras épocas y  otros sistemas socioeconómicos distintos al nuestro. Se trata de una asociación de imágenes francamente perturbadora. Verán, a los de mi generación nos han educado en las bondades de la democracia liberal a través del antagonismo con otros sistemas. Hemos cargado nuestro imaginario con las ideas de que las colas absurdas son fruto de burocracias desmedidas que aplastan al individuo, de que la pobreza generalizada es por causa de gobiernos corruptos que intervienen en el orden natural del mercado, de que las tareas sin sentido sobreimpuestas a los individuos son fruto de regímenes en los que no hay libertad, de que los símbolos a escala sobrehumana que empequeñecen al individuo son cosas de la propaganda totalitaria, etc. El sistema ha ido cargando nuestro imaginario con estos y otros fardos para legitimarse y, por ello, cuando ese mismo sistema nos coloca en situaciones que deberían caracterizar a sus antagonistas, algo se cortocircuita en nuestro interior.

Del cortocircuito he pasado inmediatamente a la revelación: nuestro sistema se está convirtiendo paulatinamente en sus contrarios. Siendo, como soy,  ateo y materialista, sé perfectamente lo mal que suena la palabra ‘revelación’. Sin embargo, no encuentro otra palabra más adecuada para describir la patencia manifiesta y la claridad diáfana con la que se me ha presentado esa idea, no como fruto de un razonamiento, sino como encarnada en la situación misma que estaba viviendo. Cuando hablo de revelación no me refiero a una experiencia del tipo ‘eureka’ en la que llegamos a una conclusión por primera vez. Sin duda, ya había pensado con anterioridad sobre estas cosas. Lo que quiero significar es que la idea no se me ha presentado de un modo meramente abstracto, sino como estando absolutamente presente en la situación que estaba viviendo. Todo en aquella sucursal parecía clamar que nuestra modelo social se va acercando a aquellos con respecto a los cuáles se definía por oposición.

Sé que pensarán que comparar nuestra democracia con los desmanes totalitarios del siglo pasado es una frivolidad irresponsable. Peor aún, si a eso le añadimos que esa idea se me ha presentado en una suerte de experiencia mística, entiendo que quieran dejar de leer. Pero tengan paciencia y déjenme explicarme. Desde pequeños, nos han socializado en la idea de que, aunque las democracias occidentales no fuesen perfectas, por lo menos teníamos libertad. Se nos ha inculcado que lo que caracteriza a nuestras sociedades, frente a otras menos civilizadas, es que los individuos tienen libertad para decidir cómo vivir sus vidas. Se nos decía que esa libertad, plasmada en las libertades individuales, era el valor más importante de nuestra sociedad pues sólo un individuo libre puede autorrealizarse y llevar una vida plena y feliz. Por contra, aquellos a los que les había tocado vivir en un régimen fascista o en un país comunista, eran inevitablemente desgraciados por carecer del ingrediente básico para la felicidad: la libertad para elegir el propio proyecto vital. En esos países, el principal enemigo de la libertad y la felicidad de los ciudadanos era el propio Estado que se arrogaba la potestad de intervenir en la vida privada de los individuos, hasta rebasar límites que consideramos intolerables. En cambio, nosotros podíamos estar tranquilos porque en las democracias liberales tenemos eso que se llama Estado de derecho y que impìde que los poderes públicos interfieran en las libertades individuales.

Lo anterior no sólo es una descripción del modo en que la gente de mi generación ha sido socializada, sino que, aunque de un modo simplista y parcial, es una descripción aproximada de lo que realmente diferencia a las democracias occidentales de sus contrarios. En mayor o en menor medida, vivimos en sociedades en las que el Estado está fuertemente limitado para interferir en nuestras preferencias, hábitos y proyectos vitales. Sin embargo, y por eso se trata de una descripción parcial, la principal amenaza para la libertad en nuestros tiempos ya no viene de los Estados, sino de fuerzas y poderes económicos que se han hecho demasiados grandes y parecen escapar a cualquier control. En las sociedades occidentales, los valores típicamente liberales, como el libre desarrollo de la individualidad y la autorrealización personal, ya no son aplastados por los Estados, sino que están siendo imposibilitados por los poderes privados. Es cierto que los individuos ya no nos sentimos pequeños ante un Estado totalitario y omniabarcante, pero igualmente nos sentimos insignificantes ante fuerzas económicas que determinan nuestras vidas y escapan a nuestro control. Ya  no parece que debamos amoldar nuestro modo de ser  y vivir a un ideal promovido desde los poderes públicos, pero los poderes privados sí que nos impelen a ser consumidores compulsivos y trabajadores flexibles y dóciles. El Estado ya no parece omnipresente por la constante presencia de sus símbolos, pero esa omnipresencia ha sido conquistada por las grandes empresas y corporaciones.

El capitalismo realmente existente no sólo ha frustrado la realización de aquellos valores que decía promover, sino que además está caminando hacia sus contrarios. La  defensa a ultranza de la libertad económica que, en la práctica, se acaba convirtiendo en la libertad de los grandes capitales para hacer y deshacer a su antojo está poniendo en peligro la democracia y las libertades individuales. El constante sentimiento que experimenta gran parte de la sociedad de que su vida está en manos de fuerzas y poderes económicos que nadie fiscaliza es ya de por sí un fracaso de los ideales liberales. Pero mucho más grave y peligroso es el hecho de que, sin ningún rubor, los gobiernos legislen tan descaradamente en representación de los intereses de los grandes capitales frente a los intereses de la ciudadanía a la que deberían representar. La democracia y las libertades individuales se están convirtiendo en un estorbo para el desarrollo del capitalismo y eso nos está abocando a un futuro que creíamos haber dejado en el pasado.

No es poca cosa para una mañana perdida en la sucursal de un banco. Aunque a estas alturas ya no sé si debo considerarla como una mañana perdida.

 

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