Garabatos al margen

Filosofía, política y otras hierbas

Archivos en la Categoría: Garabatos altermundistas

El poder desnudo

Desde hace unos años, mire donde mire, sólo veo al poder desnudo. Se trata de una desnudez insoportable, irritante, asfixiante, indignante, insana… El poder desnudo, sin el ropaje de las representaciones legitimatorias, resulta invivible. No puedo escuchar noticias o leer un periódico sin detectar, a cada momento, cómo el poder político es sólo una marioneta del poder económico. No puedo escuchar un discurso político sobre el interés general sin preguntarme por los intereses particulares que lo animan. No puedo ver una obra pública  sin preguntarme por su sentido y responderme interiormente que éste reside en el bolsillo de algún cuñado. Así pasan los días, oscilando entre el cinismo y la indignación. A veces me digo que exagero, que esto no es sano, que lo mío se acerca demasiado a la conspiranoia, pero los hechos se esmeran en lanzarme de nuevo a la certeza de que el sistema está roto. El sistema de legitimación se ha roto de un modo tal que no se puede volver a recomponer. Esta ruptura no brota de un fino análisis marxista que muestre cómo nuestras instituciones y construcciones ideológicas dependen del modo de producción capitalista. En realidad, no brota de ninguna concepción teórica que pretenda ser una alternativa al discurso hegemónico sobre la legitimidad. Se trata más bien de algo absolutamente manifiesto que está ocurriendo ante los ojos de todos. Ante nuestros ojos, y bajo los mismos parámetros del discurso liberal-contractualista en el que se basa la legitimidad de nuestras instituciones, se ha roto la capacidad misma del sistema para presentarse como legítimo.

La convivencia de toda sociedad se basa en un sistema de representación acerca de cómo deben ser las cosas.  En él se encuentran los valores últimos a los que debe aspirar nuestra sociedad como la libertad, la igualdad y la solidaridad, los principios básicos de nuestra sistema político como la soberanía popular, la separación de poderes o el imperio de la ley, y también ideas acerca del papel y la función que deben tener nuestras principales instituciones. Estos ideales son los que dan apariencia de legitimidad al Estado. Los ciudadanos sienten que éste es legítimo cuando se identifican con la mayoría de esos valores y principios, y cuando la distancia entre éstos y la realidad no es demasiado amplia. Esta claro que estas ideas y principios nunca se realizan completamente. Los ideales, por su propia naturaleza, nunca se encarnan en la historia. Sin embargo, el poder podrá aparecer como legitimado mientras la distancia entre esos ideales y la realidad no sea demasiado amplia. Siempre que esas divergencias se puedan conceptualizar como anomalías indeseables, conservaremos la confianza en el sistema. Que un juez se deje influir por el poder político, no basta para perder la confianza en la independencia del poder judicial. Que un político favorezca indebidamente a alguna empresa en un concurso público, no basta para perder la confianza en la idea de que la política está al servicio del interés general. Sin embargo, cuando esas anomalías se hacen demasiado manifiestas y recurrentes, nuestra mirada cambia y ya sólo podremos ver al poder desnudo, despojado de cualquier apariencia de legitimidad.

Todo comenzó con la ruptura que empezó a operarse, al inicio de la crisis, entre los poderes públicos y la soberanía popular: la reforma de las pensiones, la penúltima reforma laboral, la vergonzosa reforma de la Constitución, los recortes en sanidad y educación, la última reforma laboral, el rescate financiero, etc. Nadie les votó para que hicieran estas cosas. Ellos mismos lo saben y, a su modo, lo reconocen. Los unos, insinuando con la boca pequeña que se equivocaron, los otros, diciendo que las circunstancias son tan apabullantes que se ven obligados a hacer cosas que no quieren hacer. Los mismos gobernantes reconocen que han roto con el mandato de las urnas. Con ello se rompe con algo mucho más profundo, se rompe con la idea de que los gobernantes son los representantes de la soberanía popular. Aquello que da legitimidad al sistema queda hecho añicos. Antes de la ruptura, podía pensarse que el sistema era imperfecto y que cabían muchas reformas para conseguir que nuestra democracia fuese una expresión más directa de la soberanía popular. Sin embargo, el núcleo duro de nuestra democracia permanecía intacto. El poder podía presentarse como representante más o menos fiel de la soberanía popular, podía mostrarse a sí mismo como legítimo. Roto esto, una vez que se ha visto que el poder político puede independizarse de la voluntad popular sin que pase nada, ya sólo podremos ver al poder desnudo.

La incapacidad del poder para mostrarse como legítimo ha ido creciendo a través de múltiples episodios y cada cuál podrá contar su historia acerca de cómo empezó a ver al poder desnudo. Yo les voy a contar, desde mi experiencia personal, cuál fue el momento en el que me dí cuenta de que había llegado al punto de no retorno, de que, a menos que reseteasemos el sistema, toda apariencia de legitimidad había quedado disuelta para siempre. Habíamos llegado a casa después de participar en los piquetes ciudadanos de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Habíamos presenciado de cerca la absurda y desmedida violencia policial y, al llegar a casa, nos enteramos de que las cosas se habían puesto mucho más feas después de irnos nosotros. Estábamos fumando y le dije a mi pareja: ‘un día nos va a tocar a nosotros’. Me salió con la misma naturalidad con la que alguien dice que lloverá mañana. Había asumido que, en alguna manifestación o concentración, íbamos a ser golpeados por la policía. No parece gran cosa. Seguro que si es usted un asiduo manifestante, alguna vez se le habrá pasado por la cabeza que las probabilidades de recibir algún porrazo están aumentando considerablemente. Sin embargo, el hecho de que manifestantes pacíficos consideremos con naturalidad que es muy probable que algún día nos arree algún zopenco de azul, representa ya una ruptura total con el poder institucional. Otra vez más, es el sistema mismo, desde sus propios parámetros, el que ha perdido la capacidad de generar apariencia de legitimidad. En el imaginario liberal y contractualista, el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia porque, en aras de posibilitar la convivencia, los ciudadanos han renunciado a su derecho natural a la autodefensa para que sea el Estado el que garantice su seguridad. Cuando las instituciones hacen posible que un ciudadano pacífico tema la violencia estatal, el sistema está tan roto que ya sólo veremos al poder desnudo. Ya no veremos a las fuerzas de seguridad del Estado como garantes de nuestra seguridad, sino como mamporreros al servicio del poder.

El poder desnudo no deja de aparecer para dar testimonio de la ruptura del sistema: indultos a torturadores, corrupción sistemática en el partido en el gobierno, criminalización de las protestas, cesión de soberanía a instituciones no democráticas, expolio a los ciudadanos para rescatar a la oligarquía financiera, etc. El sistema aparece roto, no sólo para los antisistema, para los que el sistema ya estaba viciado en su origen, sino también para los prosistema. La situación ha llegado a un punto en el que incluso un verdadero creyente en la democracia representativa, en el libre mercado y en la tradición liberal-contractualista de legitimación del poder, puede experimentar esa ruptura del sistema. El poder camina desnudo sin ningún pudor y hace que la realidad política se vuelva irrespirable para todos.

Una opción ante esta situación es la del cínico contemporáneo que sabe en su fuero interno que el poder está desnudo pero sigue viviendo como si no pasase nada, como si el poder estuviese engalanado con los ropajes de la legitimidad. El cínico no tiene  un momento de lucidez y luego olvida que el poder va desnudo pues, en tal caso, no sería cinismo, sino autoengaño. El cínico conserva en todo momento una visión lúcida sobre el poder pero opta por seguir adelante como si no pasase nada. En la actual situación de podredumbre sistémica, los que ostentan el poder sólo tienen dos opciones, ser cínicos o ser estúpidos. El cinismo también es una opción cómoda para los que pueden seguir llevando una placentera existencia material. Sin embargo, a los desposeídos, a los que hemos sido desahuciados de nuestro trabajo y nuestras vidas, sólo nos queda una opción, declararnos en rebeldía.

Descargar entrada en pdf

Licencia de Creative Commons
‘El poder desnudo’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

La ideología neoliberal en nuestras vidas IV: la política como gestión de la necesidad

Cuarta parte: La política como gestión de la necesidad

Cuando se acerca un cambio de ciclo político es habitual escuchar decir a la gente que si los de tal partido lo han hecho tan mal, es hora de votar a los otros a ver si lo hacen mejor. Desde que tengo conciencia de la alternancia de partidos en el poder ha sido así. Siempre hay un trasvase de votos entre partidos, no sabría decir si grande o pequeño, por parte de aquellos que consideran que el partido en el gobierno lo ha hecho muy mal y que sería buena cosa probar a votar a los otros. Parece algo normal y saludable. Algún entusiasta cursi incluso lo calificaría como el triunfo de la democracia. Sin embargo, no es así. Cuando la gente cambia su voto no rigiéndose por ideas políticas, sino por un ‘hacerlo mejor o peor’ absolutamente despolitizado, estamos presenciando otra cosa. Asistimos más bien al triunfo del objetivo neoliberal de dar muerte a la política, de matarla bien muerta.

Démosle algunas vueltas al asunto. Si alguien considera que el partido al que ha votado ha hecho las cosas mal y decide votar a otro partido, está suponiendo que lo que importa no son las ideas y valores políticos de los partidos, sino que sean buenos gestores. Entiende la política como gestión sin más y con ello implica que hay una buena manera de gestionar las cosas con independencia de las ideas políticas. Es la muerte de las ideologías y de la política. No porque mueran todas las ideologías, sino porque se impone una sola pero disfrazándose de no-ideología, de no-política. En esta situación, los partidos se lanzan a colonizar un centro inexistente desde el que presentarse a los electores como buenos gestores que ya han trascendido las viejas y caducas ideologías políticas. No hace mucho, un partido obtuvo mayoría absoluta haciendo una campaña electoral de extremo centro consistente en decir que harían lo que hubiese que hacer. El mensaje no era que harían políticas de izquierdas o de derechas, sino que harían lo que fuese necesario hacer.  Otro partido en alza intenta deslindarse en la medida de lo posible de cualquier posición ideológica y se presenta a los electores como un partido que hace  “propuestas sensatas” y presuntamente desideologizadas.

En política es imposible actuar sin partir de determinados valores o ideales. No puede existir nada parecido a una buena gestión neutra. Para que algo se pueda considerar como una buena gestión debe serlo con respecto a una determinada escala de valores. No hay políticas que sean buenas sin más. No es lo mismo una buena gestión al servicio de valores como la igualdad y la justicia social que una buena gestión al servicio de la flexibilidad laboral y la competencia. No es lo mismo una buena gestión al servicio de los intereses de la clase dominante que una buena gestión al servicio de las clases explotadas. Los que se pretenden situar en esa posición neutra y desideologizada, los que pretenden que gobiernan haciendo sólo lo que es necesario hacer, en realidad intentan esconder que tras sus medidas hay una ideología y unos intereses de clase muy determinados. Enmascaran su propia ideología disfrazándola de no-ideología, de necesidad histórica, y así es como se convierten en gestores de la necesidad. Los políticos convertidos en agentes del sentido común, de lo necesario, de lo sensato y del gobierno como Dios manda. Con ello se convierten a sí mismos, y a la política en general, en algo absolutamente irrelevante. Para hacer lo que es necesario hacer no hacen falta ni políticos ni política, sólo buena gestión. Lo que aún no se muestra con claridad es el siguiente paso lógico: si la política no es necesaria, tampoco lo es la democracia.

 La muerte de las ideas políticas lleva en sí el germen de la muerte de la democracia. Hace poco, una encuesta del CIS reveló que el 63% de los ciudadanos preferiría un gobierno de expertos sin filiación política. Semejante dato no causó el terror que cabría esperar. Piensenlo bien: ¡una gran mayoría social preferiría una dictadura tecnocrática a una democracia! Es un pensamiento que debería quitar el sueño a los demócratas pero no es más que la consecuencia lógica de la muerte de las ideologías. Si los valores políticos ya no importan, si lo único que importa es que los gobernantes sean buenos gestores y hagan las cosas “como Dios manda”, ¿por qué dejar el gobierno en manos de los políticos? ¿No sería más razonable que gobernasen los expertos? ¿No sería mejor que tomasen las riendas aquellas personas que no se dejan llevar por valores políticos sino que se conducen exclusivamente por un saber técnico? Un saber que se presenta como no siendo ni de izquierdas ni de derechas, sino todo lo contrario.

¿Por qué esa búsqueda tan desesperada de la posición neutra políticamente? En anteriores entregas de esta serie de garabatos manejábamos la noción marxista de ideología como sistema de creencias encubridoras de la opresión. Decíamos que la opresión necesita ocultarse, presentarse como una situación natural, para poder sobrevivir. Es por ello por lo que la doctrina neoliberal intenta ocultar su naturaleza política. Para poder prosperar necesita presentarse como una posición neutra que trasciende las viejas ideas políticas. De lo contrario, las políticas que están al servicio de la élite empresarial y financiera jamás podrían imponerse en regímenes democráticos. La clase minoritaria sólo puede ganar la lucha de clases ocultando que tal lucha existe. Los intereses de esta minoría sólo pueden obtener el respaldo de amplias mayorías en las urnas si consiguen presentarse como si fuesen los intereses de la sociedad en su conjunto. Las políticas de la austeridad sólo son asumibles socialmente si se presentan como medidas técnicas, apolíticas e inevitables. Los think tank y los medios de comunicación a su servicio ganan la batalla cuando consiguen vestir los intereses de la clase dominante con el disfraz de lo inevitable y denunciar cualquier alternativa como política o ideológica. Los gestores de la necesidad tienen muy clara su estrategia: ellos no hacen política, aplican el sentido común. Sin embargo, los que se oponen a su gestión son acusados de estar motivados por ideologías políticas.

La estrategia de denunciar la oposición como política a veces es llevada al paroxismo. Un ejemplo de ello es lo que está ocurriendo con las huelgas. En los últimos tiempos, cuando se convoca una huelga, la prensa de derechas, la CEOE e incluso algún ministro, se apresuran a calificarla de “huelga política”. El problema es que no se trata de la mera expresión de una obviedad, pues la huelgas son políticas por definición, sino de un intento de descalificar y desactivar la huelga.  El adjetivo ‘político’ utilizado en sentido peyorativo por el señor Wert nos pone ante un extraño escenario en el que los mismos políticos descalifican la palabra ‘política’ y la pronuncian como si estuviesen mascando mierda. No sólo no se preocupan del creciente desprestigio social de la política sino que les interesa fomentarlo. Cuanto más degradada esté la política en el imaginario popular, más fácil será pasar el rodillo tecnocrático al servicio de la doctrina neoliberal. La genuina discusión política entre valores e ideas es la principal enemiga de la tecnocracia. Allá donde hay verdadero debate entre valores e ideas políticas, siempre se dejan entrever distintas alternativas. Justo lo contrario del discurso político de extremo centro que presenta sus medidas como dolorosas pero necesarias e inevitables. Allá donde se da la verdadera confrontación política, siempre aparece como trasfondo la lucha de clases. Justo lo que intenta evitar el discurso neoliberal al procurar que confundamos los intereses de la élite financiera y empresarial con los intereses de la sociedad en su conjunto. Del mismo modo que, como veíamos en anteriores garabatos, el neoliberalismo necesitaba degradar la imagen de los impuestos y de los servicios públicos como mecanismos redistributivos y de justicia social, también necesita deteriorar la imagen de la política como búsqueda de la mejor forma de organizar la convivencia social. El debate político es peligroso porque si se intensifica puede acabar despertando a la sociedad del plácido sueño de la gestión de lo inevitable. Por ello, es preferible que el pueblo asocie la política con un turbio escenario de corrupción y luchas de poder.

 Como suele ocurrir, los principales valedores de las ideologías legitimadoras de la opresión son los mismos oprimidos: “todos los políticos son iguales”, “yo no soy ni de izquierdas ni de derechas”, “son todos unos ladrones”, “si yo estuviese en su lugar también echaría mano a la saca”, “¿cuándo han hecho los políticos algo por mí?”, etc. Un pueblo hastiado de la política en general deja el camino despejado a los gestores de la necesidad y a la muerte de la democracia por inanición. Debemos invertir la situación. Ante el desprestigio de la política lo que hace falta es más política. Ante el déficit democrático de nuestras instituciones lo que hace falta es más democracia.

Descargar entrada en pdf

Licencia de Creative Commons
‘La ideología neoliberal en nuestras vidas IV: la política como gestión de la necesidad’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

¿Debemos pagar esta deuda?

El problema de la deuda ha alcanzado una magnitud sobrecogedora. Cada vez que el gobierno emite deuda pública nos asalta la sensación de que jamás seremos capaces de saldarla. En los Presupuestos Generales del Estado de 2013 se destinará más dinero público al pago de los intereses de la deuda que a gastos de personal. En 2013, la deuda pública alcanzará el 90.5% del PIB. Aunque, de unos años a esta parte, andamos acostumbrados a convivir con datos macroeconómicos de este calibre, no podemos deshacernos de la sensación de que nos dirigimos hacia una catástrofe. Caminamos hacia una muerte lenta por asfixia. Nos seguiremos endeudando para pagar los intereses de la deuda al tiempo que recortamos los gastos destinados a cosas tan fundamentales como la sanidad, la educación o la protección social. Sacrificaremos el bienestar de los ciudadanos para pagar una deuda que se volverá impagable mientras sigamos estrangulando la economía de las personas. Todo ello santificado por una constitución que antepone el pago de la deuda a cualquier otro gasto público.

Aparte de la situación a la que nos lleva el endeudamiento, la naturaleza de parte de esta deuda ha hecho que algunas voces se levanten a favor de auditarla en su totalidad para declarar ilegítima una parte de la misma. Una buena parte de la deuda soberana se ha originado en ayudas a la banca. El BCE ha prestado dinero a espuertas a un interés del 1% a bancos que, en vez de emplear este dinero para reactivar el crédito, lo han usado en actividades especulativas y lucrativas como comprar deuda pública española a intereses cercanos al 7%. Las ayudas directas a la CAM, Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y demás suman ya miles de millones. El inminente rescate europeo de la banca española se hará con casi toda seguridad a cargo de la deuda pública española. El banco malo se comerá con patatas los activos tóxicos de las cajas a cuenta del erario público. Dado este sindiós que está siendo el trasvase de dinero público al capital financiero, no es de extrañar que surjan dudas acerca de la legitimidad de parte de la deuda soberana. Si por intentar pagar una deuda que nunca vamos a pagar, tendremos que sacrificar nuestro bienestar y nuestros servicios públicos, qué menos que intentar dilucidar qué parte de la deuda es legítima y qué parte de ella se ha originado por causa de la avaricia irresponsable de la élite financiera. Si vamos a cargar al contribuyente con un peso que lastrará su vida durante años, deberíamos determinar en qué medida es o no responsable de la carga que se le impone. Es por ello que, en los países con graves problemas de deuda pública, está surgiendo un movimiento en favor de auditar la deuda y dejar decidir a los ciudadanos qué parte de ella es ilegítima y no debe pagarse.

Siempre que surge la cuestión de si debemos pagar o no chocamos con la afirmación de que ‘las deudas hay que pagarlas’. Pronunciarla suele provocar un gran placer en el que habla, convencido de que acaba de hacer caer entre sus oyentes un pesado monolito revestido del aura del sentido común y de la más sana de las moralidades. No se trata de una afirmación económica, técnica o legal sino que primariamente se formula como juicio moral. Se trataría de una afirmación similar a otras tales como ‘las promesas hay que cumplirlas’ o ‘no se debe mentir’. El peso normativo de las afirmaciones morales del sentido común es tan fuerte que al escucharlas nos vemos compelidos a asentir irreflexivamente. Desde pequeños nos han enseñado que no debemos mentir, faltar a nuestra palabra o incumplir nuestras deudas. Ya entonces, el tono severo con el que los adultos hablaban de estas cosas nos hacía intuir que esa clase de deberes era cosa muy seria. Totalmente distintos de otras obligaciones como la de lavarse las manos antes de comer o la de no tocarse la pilila en público. En efecto, los deberes morales son cosa muy seria pero, aunque parezcan cosas de sentido común, ello no nos exime de la tarea de reflexionar sobre ellos. El tan alabado sentido común siempre es una cosa dudosa y falible. No hay más que pensar en aquellos tiempos y lugares en los que ha sido de sentido común esclavizar a los negros o lapidar por adúlteras a las mujeres violadas. Por ello existen teorías éticas que intentan justificar racionalmente qué clase de cosas es correcto hacer al margen de lo que nos diga la tradición, el sentido común o los prejuicios. Así que vamos a preguntarle a las dos grandes familias de teorías éticas por la cuestión que nos traemos entre manos: ¿debe uno pagar siempre sus deudas?

Empecemos con la familia ética más rigurosa, la deontológica. Para esta tradición filosófica la corrección de una acción moral se juzga evaluando la regla general que seguimos al actuar. Dicha máxima debe pasar el test de la universalización, es decir, debemos preguntarnos si podríamos desear consistentemente que esa regla se convirtiese en norma de conducta para todo el mundo. En caso contrario, sería incorrecto realizar el tipo de acciones que caen bajo ella. Veámoslo con el ejemplo de las deudas. ¿Puede uno querer consistentemente que no pagar las deudas funcione como regla universal? La respuesta es no, pues en tal caso se estaría destruyendo el principio mismo en el que se basa la acción de prestar dinero. Nadie prestaría dinero si no existiese la obligación de devolverlo. Para las teorías deontológicas, la obligación de pagar nuestras deudas funcionaría como una regla universal que deberíamos cumplir en todos los casos, aunque ello conllevase graves sufrimientos y padecimientos al deudor. Para esta tradición ética, o por lo menos para sus versiones teóricas más rigurosas, las reglas morales no admiten excepción alguna. Ello se debe a que lo que debe pasar el test de la universalización es la regla general bajo la que actuamos y no las circunstancias en las que se da la acción. Estas últimas son irrelevantes para juzgar la corrección de la misma. Da igual lo penosa que sea la situación a la que se haya visto abocado el deudor. Uno debe pagar sus deudas y punto. Es más, un acreedor compasivo que se viese conmovido por la situación miserable a la que está conduciendo a su deudor no haría bien en perdonarle la deuda. En tal caso, no estaría respetando la dignidad del endeudado al tratarlo más como a un niño, al que podemos eximir de determinadas responsabilidades, que como a un agente libre y responsable.

Sin embargo, no todo compromiso de deuda obligaría. En general, para que pueda darse este tipo de obligación sería requisito indispensable que el acuerdo fuese realizado por dos agentes racionales y libres. Para que alguien contraiga una deuda es necesario que lo haga activamente y que las dos partes implicadas actúen con total libertad. Uno no tendría obligación de pagar si se ha visto coaccionado para contraer la deuda, si no tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo o si la deuda se ha contraído sin su conocimiento y consentimiento. Aquí es donde podemos empezar a ver que, incluso desde la perspectiva de las éticas deontológicas, estaríamos legitimados para no pagar parte de la deuda pública que se ha contraído. En efecto, si el gobierno decide endeudarnos para garantizar la viabilidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales, se puede sobreentender, aunque no siempre, que el consentimiento de la ciudadanía va implícito. En cambio, si el endeudamiento proviene de salvar al sistema financiero de su comportamiento irresponsable, si se traslada a la ciudadanía el pago de las pérdidas del sector privado, se está yendo más allá de cualquier supuesto contrato tácito que pueda haber entre los gobernantes y los gobernados. Descargar a los bancos de sus responsabilidades, tratándolos como a niños que pueden jugar con el dinero sin miedo a las consecuencias, es demencial, pero pretender que sean los ciudadanos los que asuman el pago de las pérdidas del sistema financiero es sencillamente inmoral. Nadie puede obligarnos legítimamente a pagar una deuda que no es nuestra. Las teorías éticas deontológicas, aunque sostengan que uno siempre tiene la obligación de pagar sus deudas, no autorizarían en ningún caso que uno deba responsabilizarse por las acciones de otros agentes morales o pagar deudas que uno no ha consentido en contraer.

La otra gran tradición ética es la constituida por la familia utilitarista. En ella, para determinar si una acción es moralmente correcta nos preguntaríamos cuál es el curso de acción que tiene mejores consecuencias desde el punto de vista de la felicidad global. No habría, como en la deontología, tipos de acciones que son correctos o incorrectos en sí mismos. Si desde esta perspectiva nos preguntásemos si uno debe pagar siempre sus deudas, la respuesta sería no. Esa obligación dependería únicamente de las consecuencias que tuviese el pago de esa deuda para la felicidad de los afectados. Podemos imaginar casos en los que el sufrimiento que provocaría al deudor tener que pagar sería muy superior al que provocaría en el acreedor el impago de esa deuda. En tales casos, lo correcto moralmente sería no pagar. Aunque también podemos imaginar casos en los que las consecuencias de no pagar serían peores desde el punto de vista del incremento o disminución de la felicidad global y en los que, por tanto, tendríamos la obligación moral de pagar.

Desde la perspectiva utilitarista, para valorar moralmente la cuestión de la deuda pública, tendríamos que calcular qué curso de acción tendría mejores consecuencias desde el punto de vista de la felicidad total. De un lado, está claro que las consecuencias de asumir como deuda pública las pérdidas del sistema financiero provocarían una gran cantidad de miseria, exclusión y desprotección social pero, de otro, también tendríamos que valorar las consecuencias de una quiebra de buena parte del sistema financiero. Hay quien podría argumentar que dejar caer a las entidades financieras con problemas provocaría un colapso del crédito y ello nos haría ahondar aún más en la recesión que estamos viviendo, con el consiguiente incremento del sufrimiento global. Sin embargo, no creo que sean cosas comparables. Asumir una deuda impagable que provocará subidas de impuestos y recortes en los servicios y prestaciones sociales tendrá consecuencias mucho más dramáticas que dejar caer a la irresponsable élite financiera y perjudicar, con ello, el flujo del crédito. Además, pese a la debacle financiera, los Estados seguirían conservando el poder de reactivar el crédito mediante la creación de una banca pública.

La deontología y el utilitarismo no son sólo teorías sino que representan y agotan las dos formas básicas que tenemos de razonar moralmente en nuestra vida cotidiana. A veces nos guiamos por reglas y principios que consideramos inviolables y otras nos planteamos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones para nuestra felicidad y la de los demás. En cualquier caso, adoptemos la perspectiva que adoptemos, obligarnos a asumir las pérdidas del sistema financiero es algo inmoral y nadie está legitimado para imponernos semejante carga sin más. Si el gobierno quisiese actuar legítimamente  haría bien en preguntar a la ciudadanía si quiere que con su dinero se cubran las pérdidas de la banca y explicar con claridad por qué no hay alternativas a esa política económica. A lo mejor nos convencen y decidimos que queremos asumir los padecimientos que nos esperan para evitar la caída de los especuladores irresponsables que nos han llevado a esta situación. Pero en tal caso, habríamos decidido asumir esta deuda y no la estaríamos viviendo como un robo a la ciudadanía.

Descargar entrada en pdf

Licencia de Creative Commons
‘¿Debemos pagar esta deuda?’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

A %d blogueros les gusta esto: