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Revelación en una sucursal bancaria

No merece la pena relatar los avatares que me llevaron el otro día a hacer cola durante más de hora y media en una sucursal de un gran banco. Baste reseñar que tienen una íntima relación con la crisis sistémica en la que vivimos. El intento de asir y mostrar las sensaciones que he experimentado en esa cola va a resultar difícil. No sé si mi destreza literaria será suficiente para comunicar la interesante revelación que se me ha presentado en un sitio tan mundano. Comencemos por intentar ponernos en situación.

La cola había alcanzado unas dimensiones tan desmedidas, para el tamaño de la sucursal, que la mayoría de los que entraban decidían salir inmediatamente para volver otro día. Sólo permanecíamos allí los que nos traíamos entre manos alguna gestión impostergable. Fuera estaba nublado. Dentro, una luz blanca, de las que muestran más de lo que ocultan, generaba una extraña sensación de hiperrealidad. Observando a mi alrededor me di cuenta de que, la mayoría de los que allí esperábamos, éramos pobres. La crisis ha hecho que la pobreza se vuelva a palpar, no en la ropa o en las maneras como en otras épocas, sino en los cuerpos mismos. El sistema ha procurado durante las últimas décadas que las diferencias de clase no sean aparentes: ricos y pobres comportándose de un modo igualmente vulgar, vistiendo las mismas ropas, comiendo la misma comida basura y viendo los mismos programas de televisión. Sin embargo, la crisis ha hecho que la pobreza vuelva a ser visible. La angustia y la incertidumbre que ha generado en las clases populares se marca en los cuerpos, los gestos y las posturas. La pobreza ha vuelto a ser visible en los espacios cotidianos.

Si la pobreza se mostraba diáfana en los cuerpos, el sinsentido llenaba las miradas. En ellas se mostraba que la tarea que estábamos realizando no tenía sentido. Por supuesto, cada uno de los presentes habría sido capaz de explicar de modo inteligible la gestión que había venido a realizar. No se trata de ese tipo de sinsentido, sino del que experimentamos cuando nos vemos obligados a realizar una tarea superimpuesta por algo más grande que nosotros mismos. Sísifo también es capaz de explicar con claridad lo que hace (empujar una piedra) y los motivos por los que lo hace (ha sido castigado por los dioses), pero ello no hace que deje de experimentar su tarea como un absoluto sinsentido. Es lo que ocurre cuando nos vemos forzados a hacer cosas que no son fruto de una auténtica elección personal. En el caso de Sísifo, son los dioses. En nuestro caso, un sistema socioeconómico que coloca la banca en una posición central de nuestras vidas. La mayor parte de nuestra existencia nos vemos compelidos a realizar tareas impuestas por el sistema socioeconómico en el que vivimos. Éste, totalmente fetichizado, se experimenta como una fuerza natural que escapa a nuestro control y que domina nuestras vidas como los dioses dominaban la de Sísifo. Solemos pasar de una tarea a otra sin darnos cuenta hasta que llegamos al final del día. Sin embargo, hay momentos, como los viajes en transporte público o las colas demasiado largas, en los que el tráfago vital se detiene y aflora esa sensación de falta de sentido, de que no controlamos nuestras vidas.

Volviendo a la escena en la que estábamos, aún queda un elemento para terminar de aderezarla. Se trata del logo del banco. Allí estaba, blanco sobre rojo, más alto que una persona y en una posición absolutamente central tras los trabajadores del mostrador. Tres focos lo alumbraban con el fin de otorgar al símbolo la misma dignidad aurática que otorga la lamparita que enfoca algunos cuadros en los museos. De hecho, el contraste entre la luz blanca que ilumina la zona de la cola y los focos que alumbran el símbolo dejaba a los trabajadores del mostrador en una situación de semipenumbra relativa que realzaba aún más la posición central del logo. Todo lo que había en la sucursal parecía empequeñecerse ante la presencia abstracta del banco encarnada en ese símbolo.

Tal vez esté dispersando al lector en los detalles, pero me gustaría ser capaz de transmitir la imagen general: pobreza, angustia, falta de sentido y, de fondo, el logo del banco en una escala sobrehumana. El caso es que esta mezcla de elementos me ha trasladado a imágenes de otras épocas y  otros sistemas socioeconómicos distintos al nuestro. Se trata de una asociación de imágenes francamente perturbadora. Verán, a los de mi generación nos han educado en las bondades de la democracia liberal a través del antagonismo con otros sistemas. Hemos cargado nuestro imaginario con las ideas de que las colas absurdas son fruto de burocracias desmedidas que aplastan al individuo, de que la pobreza generalizada es por causa de gobiernos corruptos que intervienen en el orden natural del mercado, de que las tareas sin sentido sobreimpuestas a los individuos son fruto de regímenes en los que no hay libertad, de que los símbolos a escala sobrehumana que empequeñecen al individuo son cosas de la propaganda totalitaria, etc. El sistema ha ido cargando nuestro imaginario con estos y otros fardos para legitimarse y, por ello, cuando ese mismo sistema nos coloca en situaciones que deberían caracterizar a sus antagonistas, algo se cortocircuita en nuestro interior.

Del cortocircuito he pasado inmediatamente a la revelación: nuestro sistema se está convirtiendo paulatinamente en sus contrarios. Siendo, como soy,  ateo y materialista, sé perfectamente lo mal que suena la palabra ‘revelación’. Sin embargo, no encuentro otra palabra más adecuada para describir la patencia manifiesta y la claridad diáfana con la que se me ha presentado esa idea, no como fruto de un razonamiento, sino como encarnada en la situación misma que estaba viviendo. Cuando hablo de revelación no me refiero a una experiencia del tipo ‘eureka’ en la que llegamos a una conclusión por primera vez. Sin duda, ya había pensado con anterioridad sobre estas cosas. Lo que quiero significar es que la idea no se me ha presentado de un modo meramente abstracto, sino como estando absolutamente presente en la situación que estaba viviendo. Todo en aquella sucursal parecía clamar que nuestra modelo social se va acercando a aquellos con respecto a los cuáles se definía por oposición.

Sé que pensarán que comparar nuestra democracia con los desmanes totalitarios del siglo pasado es una frivolidad irresponsable. Peor aún, si a eso le añadimos que esa idea se me ha presentado en una suerte de experiencia mística, entiendo que quieran dejar de leer. Pero tengan paciencia y déjenme explicarme. Desde pequeños, nos han socializado en la idea de que, aunque las democracias occidentales no fuesen perfectas, por lo menos teníamos libertad. Se nos ha inculcado que lo que caracteriza a nuestras sociedades, frente a otras menos civilizadas, es que los individuos tienen libertad para decidir cómo vivir sus vidas. Se nos decía que esa libertad, plasmada en las libertades individuales, era el valor más importante de nuestra sociedad pues sólo un individuo libre puede autorrealizarse y llevar una vida plena y feliz. Por contra, aquellos a los que les había tocado vivir en un régimen fascista o en un país comunista, eran inevitablemente desgraciados por carecer del ingrediente básico para la felicidad: la libertad para elegir el propio proyecto vital. En esos países, el principal enemigo de la libertad y la felicidad de los ciudadanos era el propio Estado que se arrogaba la potestad de intervenir en la vida privada de los individuos, hasta rebasar límites que consideramos intolerables. En cambio, nosotros podíamos estar tranquilos porque en las democracias liberales tenemos eso que se llama Estado de derecho y que impìde que los poderes públicos interfieran en las libertades individuales.

Lo anterior no sólo es una descripción del modo en que la gente de mi generación ha sido socializada, sino que, aunque de un modo simplista y parcial, es una descripción aproximada de lo que realmente diferencia a las democracias occidentales de sus contrarios. En mayor o en menor medida, vivimos en sociedades en las que el Estado está fuertemente limitado para interferir en nuestras preferencias, hábitos y proyectos vitales. Sin embargo, y por eso se trata de una descripción parcial, la principal amenaza para la libertad en nuestros tiempos ya no viene de los Estados, sino de fuerzas y poderes económicos que se han hecho demasiados grandes y parecen escapar a cualquier control. En las sociedades occidentales, los valores típicamente liberales, como el libre desarrollo de la individualidad y la autorrealización personal, ya no son aplastados por los Estados, sino que están siendo imposibilitados por los poderes privados. Es cierto que los individuos ya no nos sentimos pequeños ante un Estado totalitario y omniabarcante, pero igualmente nos sentimos insignificantes ante fuerzas económicas que determinan nuestras vidas y escapan a nuestro control. Ya  no parece que debamos amoldar nuestro modo de ser  y vivir a un ideal promovido desde los poderes públicos, pero los poderes privados sí que nos impelen a ser consumidores compulsivos y trabajadores flexibles y dóciles. El Estado ya no parece omnipresente por la constante presencia de sus símbolos, pero esa omnipresencia ha sido conquistada por las grandes empresas y corporaciones.

El capitalismo realmente existente no sólo ha frustrado la realización de aquellos valores que decía promover, sino que además está caminando hacia sus contrarios. La  defensa a ultranza de la libertad económica que, en la práctica, se acaba convirtiendo en la libertad de los grandes capitales para hacer y deshacer a su antojo está poniendo en peligro la democracia y las libertades individuales. El constante sentimiento que experimenta gran parte de la sociedad de que su vida está en manos de fuerzas y poderes económicos que nadie fiscaliza es ya de por sí un fracaso de los ideales liberales. Pero mucho más grave y peligroso es el hecho de que, sin ningún rubor, los gobiernos legislen tan descaradamente en representación de los intereses de los grandes capitales frente a los intereses de la ciudadanía a la que deberían representar. La democracia y las libertades individuales se están convirtiendo en un estorbo para el desarrollo del capitalismo y eso nos está abocando a un futuro que creíamos haber dejado en el pasado.

No es poca cosa para una mañana perdida en la sucursal de un banco. Aunque a estas alturas ya no sé si debo considerarla como una mañana perdida.

 

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‘Revelación en una sucursal’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

El poder desnudo

Desde hace unos años, mire donde mire, sólo veo al poder desnudo. Se trata de una desnudez insoportable, irritante, asfixiante, indignante, insana… El poder desnudo, sin el ropaje de las representaciones legitimatorias, resulta invivible. No puedo escuchar noticias o leer un periódico sin detectar, a cada momento, cómo el poder político es sólo una marioneta del poder económico. No puedo escuchar un discurso político sobre el interés general sin preguntarme por los intereses particulares que lo animan. No puedo ver una obra pública  sin preguntarme por su sentido y responderme interiormente que éste reside en el bolsillo de algún cuñado. Así pasan los días, oscilando entre el cinismo y la indignación. A veces me digo que exagero, que esto no es sano, que lo mío se acerca demasiado a la conspiranoia, pero los hechos se esmeran en lanzarme de nuevo a la certeza de que el sistema está roto. El sistema de legitimación se ha roto de un modo tal que no se puede volver a recomponer. Esta ruptura no brota de un fino análisis marxista que muestre cómo nuestras instituciones y construcciones ideológicas dependen del modo de producción capitalista. En realidad, no brota de ninguna concepción teórica que pretenda ser una alternativa al discurso hegemónico sobre la legitimidad. Se trata más bien de algo absolutamente manifiesto que está ocurriendo ante los ojos de todos. Ante nuestros ojos, y bajo los mismos parámetros del discurso liberal-contractualista en el que se basa la legitimidad de nuestras instituciones, se ha roto la capacidad misma del sistema para presentarse como legítimo.

La convivencia de toda sociedad se basa en un sistema de representación acerca de cómo deben ser las cosas.  En él se encuentran los valores últimos a los que debe aspirar nuestra sociedad como la libertad, la igualdad y la solidaridad, los principios básicos de nuestra sistema político como la soberanía popular, la separación de poderes o el imperio de la ley, y también ideas acerca del papel y la función que deben tener nuestras principales instituciones. Estos ideales son los que dan apariencia de legitimidad al Estado. Los ciudadanos sienten que éste es legítimo cuando se identifican con la mayoría de esos valores y principios, y cuando la distancia entre éstos y la realidad no es demasiado amplia. Esta claro que estas ideas y principios nunca se realizan completamente. Los ideales, por su propia naturaleza, nunca se encarnan en la historia. Sin embargo, el poder podrá aparecer como legitimado mientras la distancia entre esos ideales y la realidad no sea demasiado amplia. Siempre que esas divergencias se puedan conceptualizar como anomalías indeseables, conservaremos la confianza en el sistema. Que un juez se deje influir por el poder político, no basta para perder la confianza en la independencia del poder judicial. Que un político favorezca indebidamente a alguna empresa en un concurso público, no basta para perder la confianza en la idea de que la política está al servicio del interés general. Sin embargo, cuando esas anomalías se hacen demasiado manifiestas y recurrentes, nuestra mirada cambia y ya sólo podremos ver al poder desnudo, despojado de cualquier apariencia de legitimidad.

Todo comenzó con la ruptura que empezó a operarse, al inicio de la crisis, entre los poderes públicos y la soberanía popular: la reforma de las pensiones, la penúltima reforma laboral, la vergonzosa reforma de la Constitución, los recortes en sanidad y educación, la última reforma laboral, el rescate financiero, etc. Nadie les votó para que hicieran estas cosas. Ellos mismos lo saben y, a su modo, lo reconocen. Los unos, insinuando con la boca pequeña que se equivocaron, los otros, diciendo que las circunstancias son tan apabullantes que se ven obligados a hacer cosas que no quieren hacer. Los mismos gobernantes reconocen que han roto con el mandato de las urnas. Con ello se rompe con algo mucho más profundo, se rompe con la idea de que los gobernantes son los representantes de la soberanía popular. Aquello que da legitimidad al sistema queda hecho añicos. Antes de la ruptura, podía pensarse que el sistema era imperfecto y que cabían muchas reformas para conseguir que nuestra democracia fuese una expresión más directa de la soberanía popular. Sin embargo, el núcleo duro de nuestra democracia permanecía intacto. El poder podía presentarse como representante más o menos fiel de la soberanía popular, podía mostrarse a sí mismo como legítimo. Roto esto, una vez que se ha visto que el poder político puede independizarse de la voluntad popular sin que pase nada, ya sólo podremos ver al poder desnudo.

La incapacidad del poder para mostrarse como legítimo ha ido creciendo a través de múltiples episodios y cada cuál podrá contar su historia acerca de cómo empezó a ver al poder desnudo. Yo les voy a contar, desde mi experiencia personal, cuál fue el momento en el que me dí cuenta de que había llegado al punto de no retorno, de que, a menos que reseteasemos el sistema, toda apariencia de legitimidad había quedado disuelta para siempre. Habíamos llegado a casa después de participar en los piquetes ciudadanos de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Habíamos presenciado de cerca la absurda y desmedida violencia policial y, al llegar a casa, nos enteramos de que las cosas se habían puesto mucho más feas después de irnos nosotros. Estábamos fumando y le dije a mi pareja: ‘un día nos va a tocar a nosotros’. Me salió con la misma naturalidad con la que alguien dice que lloverá mañana. Había asumido que, en alguna manifestación o concentración, íbamos a ser golpeados por la policía. No parece gran cosa. Seguro que si es usted un asiduo manifestante, alguna vez se le habrá pasado por la cabeza que las probabilidades de recibir algún porrazo están aumentando considerablemente. Sin embargo, el hecho de que manifestantes pacíficos consideremos con naturalidad que es muy probable que algún día nos arree algún zopenco de azul, representa ya una ruptura total con el poder institucional. Otra vez más, es el sistema mismo, desde sus propios parámetros, el que ha perdido la capacidad de generar apariencia de legitimidad. En el imaginario liberal y contractualista, el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia porque, en aras de posibilitar la convivencia, los ciudadanos han renunciado a su derecho natural a la autodefensa para que sea el Estado el que garantice su seguridad. Cuando las instituciones hacen posible que un ciudadano pacífico tema la violencia estatal, el sistema está tan roto que ya sólo veremos al poder desnudo. Ya no veremos a las fuerzas de seguridad del Estado como garantes de nuestra seguridad, sino como mamporreros al servicio del poder.

El poder desnudo no deja de aparecer para dar testimonio de la ruptura del sistema: indultos a torturadores, corrupción sistemática en el partido en el gobierno, criminalización de las protestas, cesión de soberanía a instituciones no democráticas, expolio a los ciudadanos para rescatar a la oligarquía financiera, etc. El sistema aparece roto, no sólo para los antisistema, para los que el sistema ya estaba viciado en su origen, sino también para los prosistema. La situación ha llegado a un punto en el que incluso un verdadero creyente en la democracia representativa, en el libre mercado y en la tradición liberal-contractualista de legitimación del poder, puede experimentar esa ruptura del sistema. El poder camina desnudo sin ningún pudor y hace que la realidad política se vuelva irrespirable para todos.

Una opción ante esta situación es la del cínico contemporáneo que sabe en su fuero interno que el poder está desnudo pero sigue viviendo como si no pasase nada, como si el poder estuviese engalanado con los ropajes de la legitimidad. El cínico no tiene  un momento de lucidez y luego olvida que el poder va desnudo pues, en tal caso, no sería cinismo, sino autoengaño. El cínico conserva en todo momento una visión lúcida sobre el poder pero opta por seguir adelante como si no pasase nada. En la actual situación de podredumbre sistémica, los que ostentan el poder sólo tienen dos opciones, ser cínicos o ser estúpidos. El cinismo también es una opción cómoda para los que pueden seguir llevando una placentera existencia material. Sin embargo, a los desposeídos, a los que hemos sido desahuciados de nuestro trabajo y nuestras vidas, sólo nos queda una opción, declararnos en rebeldía.

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¿Debemos pagar esta deuda?

El problema de la deuda ha alcanzado una magnitud sobrecogedora. Cada vez que el gobierno emite deuda pública nos asalta la sensación de que jamás seremos capaces de saldarla. En los Presupuestos Generales del Estado de 2013 se destinará más dinero público al pago de los intereses de la deuda que a gastos de personal. En 2013, la deuda pública alcanzará el 90.5% del PIB. Aunque, de unos años a esta parte, andamos acostumbrados a convivir con datos macroeconómicos de este calibre, no podemos deshacernos de la sensación de que nos dirigimos hacia una catástrofe. Caminamos hacia una muerte lenta por asfixia. Nos seguiremos endeudando para pagar los intereses de la deuda al tiempo que recortamos los gastos destinados a cosas tan fundamentales como la sanidad, la educación o la protección social. Sacrificaremos el bienestar de los ciudadanos para pagar una deuda que se volverá impagable mientras sigamos estrangulando la economía de las personas. Todo ello santificado por una constitución que antepone el pago de la deuda a cualquier otro gasto público.

Aparte de la situación a la que nos lleva el endeudamiento, la naturaleza de parte de esta deuda ha hecho que algunas voces se levanten a favor de auditarla en su totalidad para declarar ilegítima una parte de la misma. Una buena parte de la deuda soberana se ha originado en ayudas a la banca. El BCE ha prestado dinero a espuertas a un interés del 1% a bancos que, en vez de emplear este dinero para reactivar el crédito, lo han usado en actividades especulativas y lucrativas como comprar deuda pública española a intereses cercanos al 7%. Las ayudas directas a la CAM, Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y demás suman ya miles de millones. El inminente rescate europeo de la banca española se hará con casi toda seguridad a cargo de la deuda pública española. El banco malo se comerá con patatas los activos tóxicos de las cajas a cuenta del erario público. Dado este sindiós que está siendo el trasvase de dinero público al capital financiero, no es de extrañar que surjan dudas acerca de la legitimidad de parte de la deuda soberana. Si por intentar pagar una deuda que nunca vamos a pagar, tendremos que sacrificar nuestro bienestar y nuestros servicios públicos, qué menos que intentar dilucidar qué parte de la deuda es legítima y qué parte de ella se ha originado por causa de la avaricia irresponsable de la élite financiera. Si vamos a cargar al contribuyente con un peso que lastrará su vida durante años, deberíamos determinar en qué medida es o no responsable de la carga que se le impone. Es por ello que, en los países con graves problemas de deuda pública, está surgiendo un movimiento en favor de auditar la deuda y dejar decidir a los ciudadanos qué parte de ella es ilegítima y no debe pagarse.

Siempre que surge la cuestión de si debemos pagar o no chocamos con la afirmación de que ‘las deudas hay que pagarlas’. Pronunciarla suele provocar un gran placer en el que habla, convencido de que acaba de hacer caer entre sus oyentes un pesado monolito revestido del aura del sentido común y de la más sana de las moralidades. No se trata de una afirmación económica, técnica o legal sino que primariamente se formula como juicio moral. Se trataría de una afirmación similar a otras tales como ‘las promesas hay que cumplirlas’ o ‘no se debe mentir’. El peso normativo de las afirmaciones morales del sentido común es tan fuerte que al escucharlas nos vemos compelidos a asentir irreflexivamente. Desde pequeños nos han enseñado que no debemos mentir, faltar a nuestra palabra o incumplir nuestras deudas. Ya entonces, el tono severo con el que los adultos hablaban de estas cosas nos hacía intuir que esa clase de deberes era cosa muy seria. Totalmente distintos de otras obligaciones como la de lavarse las manos antes de comer o la de no tocarse la pilila en público. En efecto, los deberes morales son cosa muy seria pero, aunque parezcan cosas de sentido común, ello no nos exime de la tarea de reflexionar sobre ellos. El tan alabado sentido común siempre es una cosa dudosa y falible. No hay más que pensar en aquellos tiempos y lugares en los que ha sido de sentido común esclavizar a los negros o lapidar por adúlteras a las mujeres violadas. Por ello existen teorías éticas que intentan justificar racionalmente qué clase de cosas es correcto hacer al margen de lo que nos diga la tradición, el sentido común o los prejuicios. Así que vamos a preguntarle a las dos grandes familias de teorías éticas por la cuestión que nos traemos entre manos: ¿debe uno pagar siempre sus deudas?

Empecemos con la familia ética más rigurosa, la deontológica. Para esta tradición filosófica la corrección de una acción moral se juzga evaluando la regla general que seguimos al actuar. Dicha máxima debe pasar el test de la universalización, es decir, debemos preguntarnos si podríamos desear consistentemente que esa regla se convirtiese en norma de conducta para todo el mundo. En caso contrario, sería incorrecto realizar el tipo de acciones que caen bajo ella. Veámoslo con el ejemplo de las deudas. ¿Puede uno querer consistentemente que no pagar las deudas funcione como regla universal? La respuesta es no, pues en tal caso se estaría destruyendo el principio mismo en el que se basa la acción de prestar dinero. Nadie prestaría dinero si no existiese la obligación de devolverlo. Para las teorías deontológicas, la obligación de pagar nuestras deudas funcionaría como una regla universal que deberíamos cumplir en todos los casos, aunque ello conllevase graves sufrimientos y padecimientos al deudor. Para esta tradición ética, o por lo menos para sus versiones teóricas más rigurosas, las reglas morales no admiten excepción alguna. Ello se debe a que lo que debe pasar el test de la universalización es la regla general bajo la que actuamos y no las circunstancias en las que se da la acción. Estas últimas son irrelevantes para juzgar la corrección de la misma. Da igual lo penosa que sea la situación a la que se haya visto abocado el deudor. Uno debe pagar sus deudas y punto. Es más, un acreedor compasivo que se viese conmovido por la situación miserable a la que está conduciendo a su deudor no haría bien en perdonarle la deuda. En tal caso, no estaría respetando la dignidad del endeudado al tratarlo más como a un niño, al que podemos eximir de determinadas responsabilidades, que como a un agente libre y responsable.

Sin embargo, no todo compromiso de deuda obligaría. En general, para que pueda darse este tipo de obligación sería requisito indispensable que el acuerdo fuese realizado por dos agentes racionales y libres. Para que alguien contraiga una deuda es necesario que lo haga activamente y que las dos partes implicadas actúen con total libertad. Uno no tendría obligación de pagar si se ha visto coaccionado para contraer la deuda, si no tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo o si la deuda se ha contraído sin su conocimiento y consentimiento. Aquí es donde podemos empezar a ver que, incluso desde la perspectiva de las éticas deontológicas, estaríamos legitimados para no pagar parte de la deuda pública que se ha contraído. En efecto, si el gobierno decide endeudarnos para garantizar la viabilidad de los servicios públicos y las prestaciones sociales, se puede sobreentender, aunque no siempre, que el consentimiento de la ciudadanía va implícito. En cambio, si el endeudamiento proviene de salvar al sistema financiero de su comportamiento irresponsable, si se traslada a la ciudadanía el pago de las pérdidas del sector privado, se está yendo más allá de cualquier supuesto contrato tácito que pueda haber entre los gobernantes y los gobernados. Descargar a los bancos de sus responsabilidades, tratándolos como a niños que pueden jugar con el dinero sin miedo a las consecuencias, es demencial, pero pretender que sean los ciudadanos los que asuman el pago de las pérdidas del sistema financiero es sencillamente inmoral. Nadie puede obligarnos legítimamente a pagar una deuda que no es nuestra. Las teorías éticas deontológicas, aunque sostengan que uno siempre tiene la obligación de pagar sus deudas, no autorizarían en ningún caso que uno deba responsabilizarse por las acciones de otros agentes morales o pagar deudas que uno no ha consentido en contraer.

La otra gran tradición ética es la constituida por la familia utilitarista. En ella, para determinar si una acción es moralmente correcta nos preguntaríamos cuál es el curso de acción que tiene mejores consecuencias desde el punto de vista de la felicidad global. No habría, como en la deontología, tipos de acciones que son correctos o incorrectos en sí mismos. Si desde esta perspectiva nos preguntásemos si uno debe pagar siempre sus deudas, la respuesta sería no. Esa obligación dependería únicamente de las consecuencias que tuviese el pago de esa deuda para la felicidad de los afectados. Podemos imaginar casos en los que el sufrimiento que provocaría al deudor tener que pagar sería muy superior al que provocaría en el acreedor el impago de esa deuda. En tales casos, lo correcto moralmente sería no pagar. Aunque también podemos imaginar casos en los que las consecuencias de no pagar serían peores desde el punto de vista del incremento o disminución de la felicidad global y en los que, por tanto, tendríamos la obligación moral de pagar.

Desde la perspectiva utilitarista, para valorar moralmente la cuestión de la deuda pública, tendríamos que calcular qué curso de acción tendría mejores consecuencias desde el punto de vista de la felicidad total. De un lado, está claro que las consecuencias de asumir como deuda pública las pérdidas del sistema financiero provocarían una gran cantidad de miseria, exclusión y desprotección social pero, de otro, también tendríamos que valorar las consecuencias de una quiebra de buena parte del sistema financiero. Hay quien podría argumentar que dejar caer a las entidades financieras con problemas provocaría un colapso del crédito y ello nos haría ahondar aún más en la recesión que estamos viviendo, con el consiguiente incremento del sufrimiento global. Sin embargo, no creo que sean cosas comparables. Asumir una deuda impagable que provocará subidas de impuestos y recortes en los servicios y prestaciones sociales tendrá consecuencias mucho más dramáticas que dejar caer a la irresponsable élite financiera y perjudicar, con ello, el flujo del crédito. Además, pese a la debacle financiera, los Estados seguirían conservando el poder de reactivar el crédito mediante la creación de una banca pública.

La deontología y el utilitarismo no son sólo teorías sino que representan y agotan las dos formas básicas que tenemos de razonar moralmente en nuestra vida cotidiana. A veces nos guiamos por reglas y principios que consideramos inviolables y otras nos planteamos cuáles son las consecuencias de nuestras acciones para nuestra felicidad y la de los demás. En cualquier caso, adoptemos la perspectiva que adoptemos, obligarnos a asumir las pérdidas del sistema financiero es algo inmoral y nadie está legitimado para imponernos semejante carga sin más. Si el gobierno quisiese actuar legítimamente  haría bien en preguntar a la ciudadanía si quiere que con su dinero se cubran las pérdidas de la banca y explicar con claridad por qué no hay alternativas a esa política económica. A lo mejor nos convencen y decidimos que queremos asumir los padecimientos que nos esperan para evitar la caída de los especuladores irresponsables que nos han llevado a esta situación. Pero en tal caso, habríamos decidido asumir esta deuda y no la estaríamos viviendo como un robo a la ciudadanía.

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