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Sobre la libre elección de centro educativo

Mucho se ha escrito sobre cómo la derecha ha disfrazado con los ropajes de la libertad de elección una idea tan antisocial como la privatización de la gestión de la enseñanza pública. Con la habilidad que les caracteriza, entre el malabarismo y la prestidigitación conceptual, hace un tiempo que empezaron a usar y a abusar continuamente del concepto “centro sostenido con fondos públicos”, utilizándolo como equivalente a centro público. Con ello se pretende introducir una falsa unidad en una dualidad sangrante que atraviesa nuestro sistema educativo: hay, por un lado, centros públicos sostenidos con fondos públicos y, por otro, centros privados sostenidos con fondos públicos. Claro que dicho así suena mucho peor, la idea de “negocio sostenido con fondos públicos” es maloliente por sí misma y para tapar este hedor disfrazan todo el cotarro con la consabida libertad de elección: los padres tienen que tener derecho a elegir la educación de sus hijos, faltaría más.

Como he dicho, ya se ha escrito y dicho mucho sobre lo que se pretende ocultar detrás de la libertad de elección: segregación socioeconómica, adoctrinamiento religioso, clasismo, falta de transparencia en la selección del profesorado y mamandurrias diversas como la compraventa de plazas. Cuando surge el debate sobre la educación concertada, lo usual es que sus defensores enarbolen la libertad de elección mientras que sus detractores intenten mostrar que tras el discurso de la libertad de elección se esconden cosas mucho más feas. Rara vez se ataca la idea misma de libre elección de centro y creo que se merece, por lo menos, un análisis más detallado.

En principio parece una de esas ideas incontestables, no parece cabal que alguien se manifieste en contra de la libertad de elección. Elegir es bueno, la libertad es buena, luego la libertad de elección debe ser la repanocha. Ese carácter incontestable de la libre elección de centro suele justificarse a partir de dos argumentaciones distintas. La primera es la que defiende que la libertad de elección, y la sana competencia entre centros educativos que se deriva de ella, redundan en una mayor calidad de la oferta educativa. La segunda, en cambio, se centra en el derecho de los padres a elegir las convicciones o creencias morales, religiosas o ideológicas en las que quieren que sus hijos sean adoctrinados. Mientras que la primera línea de argumentación suele ser defendida por think tanks y fundaciones que quieren dar la batalla ideológica a favor de la privatización de los servicios públicos, la segunda suele ser defendida por padres que esconden su clasismo detrás de la preocupación moral por lo que se enseña a sus hijos. En cualquier caso, puesto que no se trata de criticar a quienes defienden estas ideas, sino de analizar la idea de libertad de elección, vamos a analizar y valorar esas dos argumentaciones por separado.

La libre elección de centro mejora la calidad del sistema educativo

Esta argumentación se basa en concebir el sistema educativo como un sistema de mercado. En ese sentido, la libertad de elección llevaría implícito uno de esos círculos virtuosos del mercado que mejora la calidad de la oferta: como la gente siempre va a elegir el mejor producto, todos intentarán mejorar la calidad de lo que ofrecen, los productos de baja calidad acabarán mejorando o desapareciendo y, finalmente, la calidad general de la oferta mejorará. Conclusión: la libre elección de centro educativo mejora la calidad de la educación.

El punto de partida de esta argumentación consiste en establecer un símil entre el sistema educativo y el mercado que es, cuando menos, dudoso. En principio, incluso aunque concedamos que el libre mercado tiene efectos beneficiosos sobre la calidad de los productos ofertados, dicha analogía no tiene por qué funcionar en el ámbito educativo por la sencilla razón de que la educación no es una mercancía. La idea de que el mecanismo del mercado mejora por sí mismo la calidad de los productos parte del supuesto de una oferta diversa de mercancías de distinta calidad. Si eso no ocurre, no hay efectos beneficiosos del mercado que valgan. Ahora bien ¿tiene sentido diseñar el sistema educativo como un mercado? Dicho más concretamente ¿tiene sentido concebir el sistema educativo como un conjunto de centros educativos que compiten entre sí ofreciendo servicios educativos de distinta calidad? Si concebimos la educación como un derecho que debe ser garantizado por los poderes públicos, la respuesta es no.

Veamos por qué. El derecho a la educación se fundamenta sobre la el ideal de igualdad de oportunidades. Si la educación es un derecho, no es debido a la función de reproducción social que efectivamente cumple, sino a la aspiración ideal a construir una sociedad basada en principios meritocráticos en la que las condiciones de partida de las personas no determinen su destino. Si esto es así, si admitimos que el reconocimiento del derecho a la educación tiene por finalidad la igualdad de oportunidades, entonces no tiene ningún sentido que los centros educativos compitan entre sí para que sus potenciales usuarios elijan los que ofrezcan un servicio de mayor calidad. Si la educación es un derecho, entonces debe ser garantizado para todos por igual y en las mismas condiciones para todos. En este sentido, una sociedad comprometida con el derecho a la educación como eje de la igualdad de oportunidades debe aspirar en la medida de lo posible a que todos los centros educativos den una educación de la máxima calidad. Por ello, la misión del Estado como garante del derecho a la educación no debe ser garantizar la libre elección de centro, sino convertir esa libertad de elección en irrelevante. Si hay una red pública en la que todos los centros ofrecen una educación de la máxima calidad, entonces no hay ninguna razón para preferir un centro a otro y la libertad de elección se convierte en una libertad superflua.

Se me dirá que es iluso pensar que eso es posible. De hecho, como docente que ha recorrido muchos centros educativos de lugares muy distintos, tengo claro que la diferencia entre la calidad de la educación que se ofrece entre unos centros y otros, sin llegar a ser abismal, puede llegar a ser ostensible. El principal factor diferencial suele ser el entorno cultural y socioeconómico en el que está el centro, no es lo mismo un centro de una zona rural, de un suburbio golpeado por la desindustrialización o del centro gentrificado de una capital. Sin embargo, la distancia entre el ideal y la realidad no invalida el ideal: si creemos que la educación es un derecho al servicio de la igualdad de oportunidades, tenemos que comprometernos con la aspiración a que la calidad educativa sea óptima en todos los centros. Si ello implica invertir muchos más recursos en zonas deprimidas económicamente o con un nivel cultural más bajo, no hay ningún problema, es algo que los defensores de la escuela pública llevamos manteniendo desde siempre.

En resumen, la idea de que la libertad de elección mejora la calidad de la educación se asienta en una concepción de la educación que es incompatible con la idea de que la educación es un derecho que debe proveerse a todos por igual.

Los padres deben poder elegir la educación moral y religiosa de sus hijos

La otra argumentación mediante la que se defiende la libertad de elección en educación está basada en el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral de sus hijos. Otra idea de apariencia incontestable. ¡Faltaría más! Imaginense que yo quisiese educar a mis hijos en el ateísmo, el materialismo y el hedonismo y, al mismo tiempo, se me obligase a matricularlos en un centro educativo de ideario católico. Un caso como este constituiría una aberración, un abuso, una intromisión intolerable en el derecho de las personas a elegir su propia concepción del bien y a tener las creencias religiosas que consideren y, en definitiva, una violación del sacrosanto principio liberal de neutralidad estatal con respecto a la moral privada de los ciudadanos.

El problema de esta línea de argumentación no está en la defensa de la neutralidad estatal que, con matices, podríamos llegar todos a compartir, sino en la conclusión a la que llegan los defensores de la libre elección de centro educativo. Que yo tenga derecho a educar a mis hijos en una concepción de la vida humana atea, materialista y hedonista, no implica en ningún momento que tenga derecho a que el Estado garantice que yo pueda matricular a mis hijos en un centro de ideario ateo, materialista y hedonista.

Más aún, cualquier defensa coherente de la neutralidad del Estado con respecto a la moral privada y a las creencias religiosas, debería llevar aparejada la negativa a que se empleen recursos públicos para enseñar esas cosas en las escuelas. Si creemos que nadie, ni el Estado, debe poder entrometerse en la educación moral y religiosa de nuestros hijos, lo cabal y coherente es que pensemos que los “centros sostenidos con fondos públicos” no deban tener ningún ideario concreto.

En conclusión, y con ello volvemos a lo que decíamos al principio, la libertad de elección no es sólo un eslogan sin mucho fuste que emplean los defensores de los conciertos educativos para ocultar sus verdaderos fines. No es únicamente una forma de ocultar que defienden hacer de la educación pública un negocio privado y convertirla en un sistema educativo segregador, clasista y racista en el que los hijos las familias de clase media no tengan que convivir en las aulas con pobres, moros y gitanos. La libertad de elección es algo más, constituye una concepción sustantiva de cómo debe ser el sistema educativo que es contraria a esa “escuela pública de tod@s para tod@s” que venimos defendiendo. En cuanto escarbamos un poco bajo el concepto mismo de libertad de elección, y las argumentaciones que se utilizan para defenderlo, nos encontramos con una visión de la educación contraria a la concepción de la educación como un derecho universal y opuesta al modo correcto de entender la laicidad y la neutralidad del Estado. La libertad de elección no es una máscara para ocultar al monstruo, sino que es el monstruo mismo.

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‘Sobre la libre elección de centro educativo’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

Revelación en una sucursal bancaria

No merece la pena relatar los avatares que me llevaron el otro día a hacer cola durante más de hora y media en una sucursal de un gran banco. Baste reseñar que tienen una íntima relación con la crisis sistémica en la que vivimos. El intento de asir y mostrar las sensaciones que he experimentado en esa cola va a resultar difícil. No sé si mi destreza literaria será suficiente para comunicar la interesante revelación que se me ha presentado en un sitio tan mundano. Comencemos por intentar ponernos en situación.

La cola había alcanzado unas dimensiones tan desmedidas, para el tamaño de la sucursal, que la mayoría de los que entraban decidían salir inmediatamente para volver otro día. Sólo permanecíamos allí los que nos traíamos entre manos alguna gestión impostergable. Fuera estaba nublado. Dentro, una luz blanca, de las que muestran más de lo que ocultan, generaba una extraña sensación de hiperrealidad. Observando a mi alrededor me di cuenta de que, la mayoría de los que allí esperábamos, éramos pobres. La crisis ha hecho que la pobreza se vuelva a palpar, no en la ropa o en las maneras como en otras épocas, sino en los cuerpos mismos. El sistema ha procurado durante las últimas décadas que las diferencias de clase no sean aparentes: ricos y pobres comportándose de un modo igualmente vulgar, vistiendo las mismas ropas, comiendo la misma comida basura y viendo los mismos programas de televisión. Sin embargo, la crisis ha hecho que la pobreza vuelva a ser visible. La angustia y la incertidumbre que ha generado en las clases populares se marca en los cuerpos, los gestos y las posturas. La pobreza ha vuelto a ser visible en los espacios cotidianos.

Si la pobreza se mostraba diáfana en los cuerpos, el sinsentido llenaba las miradas. En ellas se mostraba que la tarea que estábamos realizando no tenía sentido. Por supuesto, cada uno de los presentes habría sido capaz de explicar de modo inteligible la gestión que había venido a realizar. No se trata de ese tipo de sinsentido, sino del que experimentamos cuando nos vemos obligados a realizar una tarea superimpuesta por algo más grande que nosotros mismos. Sísifo también es capaz de explicar con claridad lo que hace (empujar una piedra) y los motivos por los que lo hace (ha sido castigado por los dioses), pero ello no hace que deje de experimentar su tarea como un absoluto sinsentido. Es lo que ocurre cuando nos vemos forzados a hacer cosas que no son fruto de una auténtica elección personal. En el caso de Sísifo, son los dioses. En nuestro caso, un sistema socioeconómico que coloca la banca en una posición central de nuestras vidas. La mayor parte de nuestra existencia nos vemos compelidos a realizar tareas impuestas por el sistema socioeconómico en el que vivimos. Éste, totalmente fetichizado, se experimenta como una fuerza natural que escapa a nuestro control y que domina nuestras vidas como los dioses dominaban la de Sísifo. Solemos pasar de una tarea a otra sin darnos cuenta hasta que llegamos al final del día. Sin embargo, hay momentos, como los viajes en transporte público o las colas demasiado largas, en los que el tráfago vital se detiene y aflora esa sensación de falta de sentido, de que no controlamos nuestras vidas.

Volviendo a la escena en la que estábamos, aún queda un elemento para terminar de aderezarla. Se trata del logo del banco. Allí estaba, blanco sobre rojo, más alto que una persona y en una posición absolutamente central tras los trabajadores del mostrador. Tres focos lo alumbraban con el fin de otorgar al símbolo la misma dignidad aurática que otorga la lamparita que enfoca algunos cuadros en los museos. De hecho, el contraste entre la luz blanca que ilumina la zona de la cola y los focos que alumbran el símbolo dejaba a los trabajadores del mostrador en una situación de semipenumbra relativa que realzaba aún más la posición central del logo. Todo lo que había en la sucursal parecía empequeñecerse ante la presencia abstracta del banco encarnada en ese símbolo.

Tal vez esté dispersando al lector en los detalles, pero me gustaría ser capaz de transmitir la imagen general: pobreza, angustia, falta de sentido y, de fondo, el logo del banco en una escala sobrehumana. El caso es que esta mezcla de elementos me ha trasladado a imágenes de otras épocas y  otros sistemas socioeconómicos distintos al nuestro. Se trata de una asociación de imágenes francamente perturbadora. Verán, a los de mi generación nos han educado en las bondades de la democracia liberal a través del antagonismo con otros sistemas. Hemos cargado nuestro imaginario con las ideas de que las colas absurdas son fruto de burocracias desmedidas que aplastan al individuo, de que la pobreza generalizada es por causa de gobiernos corruptos que intervienen en el orden natural del mercado, de que las tareas sin sentido sobreimpuestas a los individuos son fruto de regímenes en los que no hay libertad, de que los símbolos a escala sobrehumana que empequeñecen al individuo son cosas de la propaganda totalitaria, etc. El sistema ha ido cargando nuestro imaginario con estos y otros fardos para legitimarse y, por ello, cuando ese mismo sistema nos coloca en situaciones que deberían caracterizar a sus antagonistas, algo se cortocircuita en nuestro interior.

Del cortocircuito he pasado inmediatamente a la revelación: nuestro sistema se está convirtiendo paulatinamente en sus contrarios. Siendo, como soy,  ateo y materialista, sé perfectamente lo mal que suena la palabra ‘revelación’. Sin embargo, no encuentro otra palabra más adecuada para describir la patencia manifiesta y la claridad diáfana con la que se me ha presentado esa idea, no como fruto de un razonamiento, sino como encarnada en la situación misma que estaba viviendo. Cuando hablo de revelación no me refiero a una experiencia del tipo ‘eureka’ en la que llegamos a una conclusión por primera vez. Sin duda, ya había pensado con anterioridad sobre estas cosas. Lo que quiero significar es que la idea no se me ha presentado de un modo meramente abstracto, sino como estando absolutamente presente en la situación que estaba viviendo. Todo en aquella sucursal parecía clamar que nuestra modelo social se va acercando a aquellos con respecto a los cuáles se definía por oposición.

Sé que pensarán que comparar nuestra democracia con los desmanes totalitarios del siglo pasado es una frivolidad irresponsable. Peor aún, si a eso le añadimos que esa idea se me ha presentado en una suerte de experiencia mística, entiendo que quieran dejar de leer. Pero tengan paciencia y déjenme explicarme. Desde pequeños, nos han socializado en la idea de que, aunque las democracias occidentales no fuesen perfectas, por lo menos teníamos libertad. Se nos ha inculcado que lo que caracteriza a nuestras sociedades, frente a otras menos civilizadas, es que los individuos tienen libertad para decidir cómo vivir sus vidas. Se nos decía que esa libertad, plasmada en las libertades individuales, era el valor más importante de nuestra sociedad pues sólo un individuo libre puede autorrealizarse y llevar una vida plena y feliz. Por contra, aquellos a los que les había tocado vivir en un régimen fascista o en un país comunista, eran inevitablemente desgraciados por carecer del ingrediente básico para la felicidad: la libertad para elegir el propio proyecto vital. En esos países, el principal enemigo de la libertad y la felicidad de los ciudadanos era el propio Estado que se arrogaba la potestad de intervenir en la vida privada de los individuos, hasta rebasar límites que consideramos intolerables. En cambio, nosotros podíamos estar tranquilos porque en las democracias liberales tenemos eso que se llama Estado de derecho y que impìde que los poderes públicos interfieran en las libertades individuales.

Lo anterior no sólo es una descripción del modo en que la gente de mi generación ha sido socializada, sino que, aunque de un modo simplista y parcial, es una descripción aproximada de lo que realmente diferencia a las democracias occidentales de sus contrarios. En mayor o en menor medida, vivimos en sociedades en las que el Estado está fuertemente limitado para interferir en nuestras preferencias, hábitos y proyectos vitales. Sin embargo, y por eso se trata de una descripción parcial, la principal amenaza para la libertad en nuestros tiempos ya no viene de los Estados, sino de fuerzas y poderes económicos que se han hecho demasiados grandes y parecen escapar a cualquier control. En las sociedades occidentales, los valores típicamente liberales, como el libre desarrollo de la individualidad y la autorrealización personal, ya no son aplastados por los Estados, sino que están siendo imposibilitados por los poderes privados. Es cierto que los individuos ya no nos sentimos pequeños ante un Estado totalitario y omniabarcante, pero igualmente nos sentimos insignificantes ante fuerzas económicas que determinan nuestras vidas y escapan a nuestro control. Ya  no parece que debamos amoldar nuestro modo de ser  y vivir a un ideal promovido desde los poderes públicos, pero los poderes privados sí que nos impelen a ser consumidores compulsivos y trabajadores flexibles y dóciles. El Estado ya no parece omnipresente por la constante presencia de sus símbolos, pero esa omnipresencia ha sido conquistada por las grandes empresas y corporaciones.

El capitalismo realmente existente no sólo ha frustrado la realización de aquellos valores que decía promover, sino que además está caminando hacia sus contrarios. La  defensa a ultranza de la libertad económica que, en la práctica, se acaba convirtiendo en la libertad de los grandes capitales para hacer y deshacer a su antojo está poniendo en peligro la democracia y las libertades individuales. El constante sentimiento que experimenta gran parte de la sociedad de que su vida está en manos de fuerzas y poderes económicos que nadie fiscaliza es ya de por sí un fracaso de los ideales liberales. Pero mucho más grave y peligroso es el hecho de que, sin ningún rubor, los gobiernos legislen tan descaradamente en representación de los intereses de los grandes capitales frente a los intereses de la ciudadanía a la que deberían representar. La democracia y las libertades individuales se están convirtiendo en un estorbo para el desarrollo del capitalismo y eso nos está abocando a un futuro que creíamos haber dejado en el pasado.

No es poca cosa para una mañana perdida en la sucursal de un banco. Aunque a estas alturas ya no sé si debo considerarla como una mañana perdida.

 

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Liberalismo político y liberalismo económico

Existe un cierto desconcierto ante la palabra ‘liberalismo’ entre aquellos que llevan varias décadas en la lucha por la emancipación y la justicia social. Los militantes de la izquierda que vivieron la Transición se encuentran con que, hace cuarenta años, ser liberal era de izquierdas y ahora la derecha enarbola la bandera del liberalismo como propia. Este desconcierto ha hecho que la izquierda se haya visto en la necesidad de buscar nuevos odres para viejos vinos. Así, mientras que los europeos han rebautizado a los viejos defensores del liberalismo económico añadiéndoles la partícula ‘neo-‘, la izquierda estadounidense ha preferido denominarlos neoconservadores. El caso es que da lo mismo cómo los llamemos. Ellos insisten en presentarse como liberales y no les falta razón para hacerlo. Al fin y al cabo, defienden el libre comercio, la libre competencia y la más amplia gama de las libertades cívicas y políticas. Llamar liberales a aquellos que defienden la ecuación “democracia más libre mercado” no parece descabellado. El problema está en que a la generación que luchó por la libertad durante los últimos estertores del franquismo, también le conviene con justicia el calificativo de liberal. Al fin y al cabo, reclamaban las libertades cívicas básicas. En una España en la que la moral católica permitía un único estilo de vida, luchaban por el derecho de cada cual a elegir su propio camino para alcanzar la felicidad. Ser liberal se convirtió así en sinónimo de persona que sigue un estilo de vida independiente de la moral tradicional. Esas mismas personas que en el pasado se declaraban liberales suelen sentir escalofríos cuando ven cómo los viejo-nuevos librecambistas enarbolan la bandera de la libertad para cercenar el Estado de bienestar. Los que pertenecemos a generaciones posteriores también solemos sentir ese desconcierto.  De un lado, hemos sido educados en el valor de la libertad y, de otro, hemos asistido al incremento sostenido de las desigualdades sociales y del sufrimiento global en nombre del liberalismo. Ésta ambigüedad se debe a que estamos tratando con dos tipos de liberalismo distintos, el político y el económico. Aunque haya gente interesada en presentarlos como inseparables, lo cierto es que son dos teorías o doctrinas políticas totalmente distintas.

El liberalismo político postula el derecho a la máxima libertad de cada cuál para elegir cómo vivir su vida. En ella se incluyen las libertades civiles clásicas como las de conciencia, expresión, asociación y reunión. La principal función del Estado liberal sería la de garantizar la libertad de todos. Se trataría de un Estado que nos protege de las injerencias de los demás en nuestra libertad y, al mismo tiempo, está limitado en su propio poder por el derecho de los ciudadanos a la libertad.  En cambio, el liberalismo económico sostiene básicamente la necesidad de que los Estados no intervengan  en los procesos de mercado. Este tipo de liberalismo incluye la libertad de los agentes económicos para fijar los precios y autorregularse junto con la idea de que hay que limitar los Estados a su mínima expresión. El Estado -arguyen los librecambistas- no debe prestar servicios que sean susceptibles de ser prestados por la iniciativa privada. Hacerlo sería una interferencia injustificada en la libre competencia. Más aún, piensan que los servicios públicos, que tengan por función igualar los puntos de partida redistribuyendo la riqueza, constituyen un ataque intolerable contra los derechos elementales a la libertad y la propiedad privada.

No sólo son teorías distintas sino que son independientes entre sí. No se necesitan ni se implican mútuamente. Un régimen puede ser liberal en lo económico pero no en lo político (el Chile de Pinochet), liberal en lo político pero no en lo económico (las socialdemocracias escandinavas), liberal en lo político y en lo económico (el ideal al que aspira EE.UU) y puede también ser contrario al liberalismo tanto en lo económico como en lo político (el comunismo real). Además, no sólo son independientes en la práctica, sino también en el plano teórico. Alguien puede defender cualquiera de ellos sin comprometerse con el otro porque se trata de dos teorías que tienen fundamentos filosófico distintos. El neoliberal querría que no fuese así. Querría que la libertad política y la económica pudiesen defenderse como una única cosa para así poder tachar de totalitarista a cualquiera que critique el libre mercado. De hecho, en algunos contextos, criticar las injusticias generadas por el libre mercado suele aparecer como algo equivalente a defender los gulag, la persecución político-religiosa o cualquier otra suerte de atropello a la libertad individual. La lógica del neoliberal en este asunto es aplastante: si dudas de la bondad del libre mercado, entonces eres como Stalin o peor. Si quieren algún ejemplo de cómo se aplica esta apisonadora ideológica no tienen más que ver alguna tertulia en el TDT Party.

Retomando el hilo, decíamos que liberalismo político y económico son dos teorías independientes entre sí porque se fundamentan en concepciones filosóficas distintas. Empecemos por el liberalismo político.  Existen dos lineas clásicas de fundamentación del principio de que el Estado debe garantizar la máxima libertad posible para todos. La primera de ellas es la que se basa en la existencia de un derecho natural e inalienable a la libertad. Siendo así que la libertad nos pertenece por el hecho de nacer humanos, la función del Estado no puede ser otra que la de garantizar tal derecho. El más celebre de los fundadores de esta doctrina fue John Locke. Según este filósofo, la libertad es un derecho tan natural que aun en el caso de que no existiese ninguna institución y el género humano viviese en la más absoluta anarquía, seguiría perteneciéndonos. Tendríamos derecho a la máxima libertad aunque no existiese ninguna institución que la reconociese. El problema con los derechos, así al natural, es que cualquiera puede vulnerarlos. Por ello se hace necesaria la existencia de alguna institución que castigue a los que violan el derecho a la natural libertad de los seres humanos. Para Locke,  no es que el derecho a la libertad exista porque haya algún Estado que lo garantice, sino que los Estados existen porque existen unos derechos naturales que hay que garantizar.  Esa es su razón de ser y su función fundamental. Ahora bien, garantizar el derecho a la libertad de todos implica poner límites a la misma.  El Estado debe reprimir la conducta de aquellos que, en el ejercicio de su libre albedrío, impidan o dificulten el ejercicio de la libertad de otros. Por ello, Kant, que en estas cosas pensaba de un modo muy parecido a Locke, plantea que en el Estado se da una cierta paradoja. De un lado, por su función ideal, aspira a la máxima libertad de todos pero, de otro, por su existencia efectiva, se mueve únicamente en el ámbito de la coacción. El Estado, por su misma naturaleza, debe ejercer una coacción sobre la libertad individual que debe estar al servicio de la libertad de todos. Kant y Locke coincidirían en una cosa: sólo debemos limitar la libertad individual cuando se pongan en peligro los derechos de los demás.  Este es el principio básico del liberalismo político y así lo reconocieron los franceses tras la revolución:

“La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos.” (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789)

La otra línea de fundamentación del principio liberal es la que se basa en las buenas consecuencias de la libertad para los seres humanos. Se trataría de argumentar que la existencia de las libertades civiles clásicas es indispensable para la felicidad, la realización personal y el progreso del ser humano. Este es el camino que siguen filósofos como J. S. Mill,  quien considera la libertad no como un don divino o un derecho natural, sino como algo que es beneficioso para lo que él llama “los intereses permanentes del hombre como un ser progresivo”.  Sobre esta idea ya hablamos hasta el hartazgo en el  garabato anterior y, como repetirse sobre temas aburridos va contra la cortesía más elemental, a él me remito: Sobre la libertad, de John Stuart Mill.

Por otro lado, en defensa del liberalismo económico también podemos encontrar dos grandes familias de argumentos. De modo análogo a lo que ocurría con el liberalismo político, podemos encontrar una defensa del liberalismo económico basada en el derecho a la propiedad y otra basada en los maravillosos beneficios que tiene para la humanidad el libre mercado. La primera también tiene su origen en la filosofía de Locke, que no sólo postuló la libertad como derecho natural, sino también el derecho a la propiedad privada. Según este planteamiento, existiría un derecho a la propiedad que es previo e independiente de su reconocimiento legal. Por ello, el Estado mismo, cuya función sería la de proteger y garantizar ese derecho, no estaría legitimado a vulnerar la propiedad privada de nadie. Varios siglos después, Rober Nozick pulió y refinó este razonamiento con el fin de denunciar la inmoralidad de la socialdemocracia  y defender la necesidad de un Estado mínimo ultraliberal.  Según este filósofo, el derecho a la propiedad implica que ésta sólo puede ser transferida de modo voluntario.  Si una propiedad puede cambiar de dueño en contra de la voluntad del propietario, entonces no se puede decir que, en rigor, exista derecho a la propiedad.  Por ello – diría Nozick- cuando el Estado se arroga la potestad de distribuir la riqueza a partir de los impuestos, está infringiendo el derecho a la propiedad privada. Ofrecer una sanidad o una educación públicas a partir de los impuestos de personas que no quieren pagarlos sería sencillamente inmoral. Tanto es así que Nozick considera que la redistribución estatal de la riqueza vulnera la segunda formulación del imperativo categórico de Kant. Ahí es nada. Cobrar impuestos con fines igualitarios y redistribuidores significa no respetar a las personas, no tratarlas como seres autónomos y libres y, en definitiva, tratarlas como medios y no como fines en sí.

El segundo gran argumento que se usa en favor del liberalismo económico es el que se basa en la supuesta eficiencia y perfección de los mercados absolutamente libres. Esta teoría postula que cuando un mercado está totalmente libre de la intervención del Estado y se deja únicamente en manos de la acción de agentes egoístas, entonces la sociedad sale beneficiada y aumenta la riqueza.  Estos planteamientos tienen su origen en la obra de Adam Smith. Según este teórico, existiría un orden económico natural capaz de autorregularse sin necesidad de intervención estatal. Si el agricultor que cultiva trigo, el molinero y el panadero siguen únicamente su interés egoísta de obtener el máximo beneficio, se esforzarán al máximo por hacer bien su trabajo y la sociedad en su conjunto se beneficiará de un pan de calidad.  La libre competencia y el egoísmo de los agentes económicos bastan por sí mismos para regular los mercados y para que, al final, tengamos productos de calidad a un precio razonable. Si el Estado decide subvencionar el cultivo de trigo, fijar un precio mínimo para el kilo de harina o, qué se yo,  gravar la quinta barra de pan con un impuesto especial, se interviene en el orden natural del mercado y las consecuencias pueden ser catastróficas para los consumidores de pan. Así, los librecambistas argumentan que la economía en general está mejor sin la intervención de los Estados. Si se fijan, se trata de una afirmación que, de ser cierta, se podría corroborar de modo empírico. Basta con mirar a la realidad y ver si las economías liberalizadas funcionan mejor que las intervenidas (ejem, China, ejem). Nada más sencillo, la discusión se acabaría para siempre. El problema es que siempre que una medida liberalizadora tiene consecuencias negativas, el neoliberal argumenta que eso se debe a que las medidas se han tomado en un sistema que no está completamente liberalizado. ¡Acabáramos! Se trata de una teoría que sólo se puede verificar en el caso de que exista una economía global absolutamente libre. Imagínense que nos tomamos el trabajo de eliminar cualquier rastro de intervención estatal. Se eliminan todos los aranceles, las subvenciones al sector primario, la educación estatal, etc. Ya estaríamos en condiciones de poder corroborar o falsar la teoría pero ¿y si resultase ser falsa…?

Como ven, liberalismo económico y político se asientan en fundamentos distintos. Uno se basa en el derecho a la libertad y otro precisa para fundamentarse del derecho a la propiedad privada, uno se basa en las condiciones ideales que precisa el ser humano para su autorealización y otro en la eficiencia de los mercados. No existe ninguna necesidad que nos lleve de la aceptación de las libertades civiles y políticas a la completa desregulación económica. A la inversa, defender que los Estados deben proporcionar una serie de servicios públicos y mantener un cierto control sobre los mercados, tampoco conduce a un Estado totalitario. Quizás sea al revés. Quizas la completa desregulación de los mercados y el empequeñecimiento de los Estados causen más daño a la libertad individual que su contrarios. Como hemos visto más arriba, los teóricos del liberalismo político tuvieron mucho cuidado de fijar unos límites muy estrictos a la libertad. Ésta debía estar limitada por la posibilidad de vulnerar el derecho a la libertad de los otros o causar algún perjuicio a sus derechos fundamentales. Parece que los neoliberales no tienen los mismos escrúpulos a la hora de defender las libertades económicas. Permitir que un hatajo de irresponsables especulen y jueguen con la deuda pública de los países europeos, es defender la libertad de unos pocos para joder a una gran mayoría.  Permitir que las multinacionales se lucren con mano de obra semiesclava no es en modo alguno defender la libertad, sino la esclavitud. Desmantelar los servicios públicos básicos en nombre de la libertad para hacer negocio con ellos, significa privar de derechos a mucha gente. Deberíamos preguntar a toda esa gente que está siendo conducida a la exclusión social por el capitalismo triunfante si realmente se sienten más libres por el hecho de que los mercados financieros estén cada vez más liberalizados y desregulados. No poner límites a la libertad conduce inevitablemente a la ley del más fuerte y esto, amigos míos, es lo contrario de la civilización.

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