Garabatos al margen

Filosofía, política y otras hierbas

Archivos por Etiqueta: precariedad

La ideología neoliberal en nuestras vidas III: los funcionarios son unos vagos

Tercera parte: Los funcionarios son unos vagos

Hace un tiempo, hablando de la noción marxista de ideología, comentábamos que éstas se articulan a partir de una serie de creencias que empapan la conciencia colectiva. Veíamos que se revisten de un carácter tan indudable que su mera entonación basta para provocar asentimientos y complicidad ante cualquier audiencia. Sin embargo, también veíamos que su función no consiste únicamente en servir de tópicos que amenicen las reuniones sociales, sino que responde a una finalidad más siniestra. La utilidad social de las ideologías no es otra que la de mantener el orden social a costa de convencer al oprimido de que su opresión está justificada. De entre las distintas creencias del dogma neoliberal no existe ninguna tan arraigada en nuestra sociedad como la de que los funcionarios son unos parásitos vagos e improductivos. Los padres enseñan a sus hijos que, si son listos, lo que tienen que hacer es sacarse unas oposiciones y, después, tocarse los cojones durante el resto de su vida. La lección cala y muchos estudiantes de bachillerato declaran al principio de curso que su meta es la de llegar a ser funcionarios. No importa de qué. La vocación no está presente en ese deseo. Lo único importante es llegar a serlo. En el bestiario neoliberal, un funcionario es un ser indolente, desmotivado y poco interesado en hacer su trabajo. Dice la leyenda que es una criatura capaz de tirarse horas bebiendo café y comiendo tostadas. Una bestia lenta y perezosa, incapaz de adaptarse a situaciones nuevas y que, según dicen, nunca ha manifestado el menor interés por adquirir nuevos conocimientos. El funcionario es percibido como miembro de una casta de privilegiados entre cuyas prebendas podemos encontrar las de tener un trabajo asegurado de por vida, no tener que hacer la pelota a jefes mezquinos, poder participar en huelgas sin miedo a ser despedido y no sentirse nunca coaccionado para realizar horas extra. La percepción pública de estos privilegios dignos de reyes y aristócratas se ve agravada cuando viene acompañada de la idea de que el funcionario es un parásito. El asalariado de la empresa privada no sólo se siente ofendido por la existencia de condiciones laborales mejores que la suya. Lo que realmente espolea su aversión hacia el funcionariado es que esos privilegios se paguen a costa de sus impuestos. El funcionario, ese parásito privilegiado.

Sin duda la cuestión que más agravia a la conciencia colectiva es la del empleo fijo. El funcionario, al no estar sujeto a los vaivenes y ciclos de la economía, aparece en la imaginación colectiva como un ser dotado de una invulnerabilidad casi sobrenatural. Como si hubiesen sido investidos funcionarios desde la cima del monte Sinaí, es habitual escuchar cosas tales como que “los funcionarios pueden hacer lo que les dé la gana porque no se les puede despedir” o, admitiendo alguna excepción, que “a un funcionario sólo lo despiden si mata”. Sin embargo, entre las causas por las que se puede revocar el nombramiento de un funcionario hay faltas mucho más leves que el asesinato como son el incumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo, el uso de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido, la negativa a cumplir las órdenes de un superior, el incumplimiento de la jornada de trabajo o el incumplimiento de los servicios mínimos en caso de huelga. Además, sólo los funcionarios de carrera, que constituyen un 60% del total de empleados públicos, poseen una plaza en propiedad. Un 27% de los trabajadores públicos son personal laboral que es contratado y goza de un regimen laboral muy parecido al que se tiene en las empresas privadas. El 13% restante está constituido por funcionarios interinos cuyo nivel de precariedad es aterrador incluso comparándolo con los oscuros tiempos de inestabilidad laboral en que vivimos. (FUENTE de las cifras: ABC, 18 de Octubre de 2010). Como ven, trabajar para el Estado no es garantía de empleo a perpetuidad. Los funcionarios de carrera pueden ser despedidos (técnicamente no son despedidos porque no han sido contratados, lo que ocurre es que se revoca su nombramiento) si no cumplen con su trabajo. El personal laboral puede ser despedido por las mismas causas y en las mismas condiciones que cualquier trabajador contratado. Y, en fin, a los interinos tan siquiera es necesario despedirlos ni pagarle indemnización. Basta con que ocurra algo tan vago e impreciso como que “cesen las circunstancias que han provocado su nombramiento”. Y, si no, que se lo digan a los miles de profesores que, en los dos últimos años, se han quedado sin trabajo en Madrid.

Es cierto que, en los tiempos que corren, el hecho de no poder ser despedido por causas económicas da a los funcionarios una seguridad y una estabilidad que son francamente envidiables. Sin embargo, magnificar esta estabilidad convirtiéndola en invulnerabilidad, y darle el tratamiento de privilegio, no es más que un mecanismo ideológico que busca desdibujar los límites de lo tolerable en materia de estabilidad laboral. El avance de las políticas neoliberales presiona siempre en la dirección que lleva hacia un mercado de trabajo más flexible que, en términos prácticos, sólo significa mayor precariedad para los asalariados. Dar a la estabilidad laboral del funcionario la categoría de privilegio significa situar la precariedad laboral en el plano de la normalidad. La posibilidad de ser despedido a capricho se convierte en algo natural y el funcionario en una desviación intolerable de la normalidad. He aquí la ideología neoliberal funcionando y bien engrasada: provocar la indignación del trabajador precario ante los “privilegios” de los funcionarios para hacerle olvidar que su lamentable situación laboral es digna de una revolución en toda regla. Pero en este caso la ideología no sólo desfigura la realidad de un modo delirante sino que permite a la conciencia alienada un espacio de fuga para la frustración provocada por los efectos de su opresión. El oprimido, merced a la ideología imperante, no se siente como tal. Sin embargo, los efectos de la progresiva precarización laboral no dejan de sentirse en su vida en forma de malestar e inseguridad. El problema con el que se encuentra la conciencia alienada es que no puede remitir ese malestar a las causas que lo provocan. No puede culpar de sus males a una estructura social injusta porque se le ha inoculado la idea de que las cosas son como tienen que ser. Oye que los empresarios no contratan porque luego no pueden despedir. Desde los medios de comunicación, todas las voces autorizadas no cesan de repetir que la única forma de dinamizar la economía y salir de la crisis es flexibilizar el mercado laboral.  Así, convencido de que su opresión es justa y necesaria, no puede canalizar su frustración hacia la lucha por una mayor justicia social. ¿Cómo puede darle salida? Una forma de hacerlo es culpabilizarse a sí mismo de su propia desgracia. Al no poder dirigir su malestar hacia las causas reales que lo provocan siente que si se hubiese formado mejor o trabajase más duro, no se vería en una situación tan precaria. El asalariado queda así incapacitado para cualquier acción revolucionaria: las cosas son como tienen que ser y él es el único culpable de su desgracia. Encima de cornudo, apaleado.

Sin embargo, existe otro mecanismo para canalizar esa frustración consistente en convertirla en hostilidad hacia los otros. Esos otros no son el jefe explotador, ni la miserable patronal que presiona para conseguir el despido libre ni, mucho menos, los sucesivos gobiernos complacientes con las necesidades de las grandes empresas y sordos ante el padecimiento de la clase trabajadora. Está claro, los empresarios no contratan por miedo a no poder despedir y la única forma de crear empleo y salir de la crisis es flexibilizando el mercado laboral. Y, mientras la inevitable fatalidad del capitalismo nos lleva de vuelta al siglo XIX, existe una casta de parásitos privilegiados que vive de nuestros impuestos. Hacia ellos es hacia quienes hay que dirigir el malestar social. Con esto la ideología neoliberal ha conseguido eliminar la lucha de clases. El proletariado ya no siente hostilidad hacia el verdadero parásito que vive a costa de explotar a sus asalariados, sino hacia los asalariados que trabajan para el Estado. La clase capitalista ha conseguido presentarse como la víctima de un mercado laboral demasiado rígido y la clase trabajadora se encuentra dividida. Los empleados públicos se encuentran con que su capacidad de movilización ha sido neutralizada por una sociedad que ha sido convencida de que la estabilidad laboral es un privilegio injusto y que la norma debe ser la precariedad. Incluso cuando sus protestas se dirigen a los recortes al Estado de bienestar, se les tacha de insolidarios. ¿Cómo se atreven a quejarse con cuatro millones de parados? Esta ya es la última vuelta de tuerca de la ideología neoliberal: tener trabajo también es un privilegio.

La capacidad de las ideologías para retorcer y desdibujar la realidad es asombrosa. Hablemos claro. La estabilidad y la seguridad laborales no sólo no son un privilegio, sino que son un elemento indispensable del derecho constitucional a un trabajo digno. No hay ninguna dignidad en trabajar atenazado por la posibilidad del despido. El miedo y la incertidumbre nunca pueden proporcionar un ambiente digno de trabajo: miedo a participar en actividades sindicales, miedo a no caerle en gracia al capataz, miedo a que alguien piense que no me esfuerzo lo suficiente, miedo a que piensen que no soy lo suficientemente entusiasta cuando me “ofrecen” la posibilidad de echar horas extras, miedo a que baje el margen de beneficio de la empresa… No son condiciones dignas de trabajo. El actual mercado laboral, que algunos tachan de excesivamente rígido, hace que el artículo 35 de la Constitución se convierta en una broma. La temporalidad de los contratos y las facilidades para despedir y plantear EREs, dejan al trabajador indefenso ante fuerzas que no puede controlar. Da lo mismo que éste sea entregado, cumplidor y productivo. La amenaza del despido sigue sobrevolando sobre su vida. El miedo y la incertidumbre constituyen un formidable instrumento de opresión en manos de la clase capitalista, pero cuando se asume como una ley natural e inevitable, se torna en una patología alienante que convierte a los trabajadores en seres indolentes y desmovilizados. ¿Acaso no existen razones más que suficientes para que los trabajadores estuviésemos en pie de guerra? En el mejor de los casos, la indemnización por un despido improcedente es ridícula y siempre es la víctima del despido la que debe demostrar su improcedencia. Desde la penúltima reforma laboral la “disminución persistente del nivel de ingresos” se convierte en causa objetiva de despido. Lo que, hablando en plata, quiere decir que las empresas pueden, con un bajo coste, despedir trabajadores aun obteniendo suculentas ganancias. Por otro lado, las modalidades de contrato temporal proliferan como los níscalos en otoño y, gracias a la última reforma laboral, se pueden encadenar sin restricción alguna y sin que sea necesario hacer fijo al trabajador. Ante esto uno sólo puede preguntarse ¿dónde están las barricadas? En ningún lugar. Han conseguido convencernos de que recortar derechos laborales es bueno para los trabajadores porque dinamiza el empleo. Los sufridos empresarios no se atreven a contratar porque despedir sale caro.

Está claro que la estabilidad laboral no debe ser un privilegio sino un derecho al que debemos aspirar tanto en la iniciativa privada como en la pública. Existen razones de carácter ético basadas en la dignidad de las personas y en el hecho de que nuestro medio de vida es una parte fundamental de nuestra existencia. Existen también razones políticas basadas en la idea de que cualquier Estado debe anteponer el bienestar de los ciudadanos a las necesidades de la oligarquía financiera y empresarial. En general, despedir debería resultar bastante más costosos de lo que es. Pero además hay razones adicionales para la estabilidad del funcionariado. El empleado público, por su propia naturaleza, trabaja para el Estado y no para el gobierno de turno. Su puesto de trabajo no puede nunca estar supeditado a quien esté en el poder, so pena de convertirnos en una república bananera. La mejor forma de separar el poder político del servicio prestado por el funcionario es garantizando que su puesto de trabajo sea estable y estableciendo un sistema de acceso estrictamente meritocrático. Por otra parte, los servicios básicos que proporciona el Estado no deberían estar sujetos a los ciclos de crecimiento económico. Si parece razonable que un empresario pueda despedir a sus empleados cuando baje su volumen de negocio y comience a tener pérdidas no coyunturales, no es en absoluto razonable que el Estado deje de prestar un servicio básico cuando la economía no vaya bien. La mayoría de los funcionarios trabajan en servicios fundamentales del Estado de bienestar como la sanidad y la educación. El despido por causas económicas no puede darse en los empleados públicos porque el servicio que prestan es independiente de las crisis cíclicas del capitalismo. Pero ¿y si la demanda de esos servicios disminuyese? ¿Deberíamos seguir pagando los sueldos de trabajadores cuyo trabajo no es necesario y que no pueden ser despedidos por razones económicas? Pongamos por caso que hubiese un descenso en picado de la natalidad. ¿Qué hacer con los funcionarios docentes que sobrarían? Tranquilos, el Estado, que es astuto, lo tiene todo previsto. Los servicios públicos operan siempre al borde del colapso. Aun en tiempos de bonanza económica, los centros educativos y los hospitales están desbordados. Con lo que una disminución de la demanda del servicio sólo redundaría en una mejora de la calidad del mismo. Si, aun así, siguiesen sobrando trabajadores, para eso están los interinos. Ese 14% de empleados a los que se puede poner en la calle sin ninguna indemnización y sin ningún coste para el Estado. Nunca me había dado cuenta hasta ahora, pero los interinos somos el parachoques del Estado.

Sin embargo, la principal razón que se arguye en contra de la estabilidad laboral de los funcionarios, es que ésta es la causa de que tengamos un funcionariado vago e improductivo. Parece ser que la única forma de que un trabajador sea productivo es el miedo al despido. Curiosamente, los adalides del neoliberalismo defienden, en el ámbito de las libertades públicas, una sociedad sin miedo a las injerencias del Estado y piensan, con razón, que cuando el miedo invade la vida pública, el totalitarismo está llamando a nuestra puerta. Sin embargo, en el ámbito laboral todo cambia y sostienen que el miedo no sólo no es algo negativo, sino que es necesario como elemento motivador del trabajador. Es típico del neoliberalismo defender a ultranza las libertades y derechos civiles al tiempo que se pisotean los derechos laborales. Es como si en la calle fuésemos ciudadanos y en el trabajo esclavos. Pero al margen de esta disociación esquizoide entre vida pública y vida laboral, tendríamos que plantearnos si el miedo es la mejor forma de motivar al trabajador. Como herramienta es bastante limitada. Sólo es efectivo en los momentos en los que el trabajador puede ser o sentirse vigilado. En la mayoría de los puestos de trabajo siempre hay espacios y tiempos de opacidad y poca visibilidad. A menos que, como surgiendo de una pesadilla orwelliana, convirtamos las empresas en panópticos, el asalariado poco motivado siempre encontrará la manera más eficiente de tocarse los huevos. Es necesario algún otro mecanismo para motivar a los trabajadores comprometiéndolos de algún modo con su trabajo. Yo no tengo experiencia en otras áreas de la función pública distintas de la educación. Pero sí puedo decir que, en todas partes, he encontrado muchos profesores que adquieren un compromiso ético muy fuerte con el aprendizaje de sus alumnos. Tal y como están estructuradas las empresas hoy día, es muy difícil generar en el trabajador un grado de compromiso semejante. A menos, claro está, que éste sea japonés. Esto es sólo una reflexión para desvincular los conceptos de miedo y productividad pero es que, además, no es cierto que el funcionario pueda vivir del cuento una vez aprobadas las oposiciones. El estatuto del empleado público deja bastante claro que si alguien no cumple con su trabajo, se va a la calle. ¿Dónde está entonces el problema? Creo que éste se encuentra en el trato diferenciado que dan los ciudadanos a su relación con la administración con respecto al que dan a las empresas en su relación como clientes.

Cuando un cliente recibe un trato poco satisfactorio por parte de un empleado suele pedir el libro de reclamaciones, hablar con el encargado, con el jefe y con quien haga falta. En este caso el malestar se canaliza por los canales adecuados. En cambio, si estamos descontentos con el trato que nos proporciona un funcionario, hay algo que cambia. La respuesta habitual suele consistir en soltar algún exabrupto y dedicar el resto del día a quejarnos de los funcionarios en general. Echamos la culpa del mal trato recibido al hecho de que quien nos ha atendido es un funcionario. Es como si un fontanero nos dejase la cocina hecha un Cristo y, en vez de quejarnos a la empresa de reparaciones que hemos contratado, nos limitásemos a decirle a todo el mundo que los fontaneros son unos vagos. Es cierto que los canales para elevar una queja por la deficiente prestación de un servicio público suelen ser poco visibles, pero existen y están a disposición de todo el mundo. El caso es que no creo que la causa de que seamos tan permisivos con la administración, se deba a la falta de transparencia que, como heredera del aparato burocrático del franquismo, padece. Una vez más, debemos buscar las causas en nuestra interiorización de la ideología neoliberal. Ésta, cuando no aboga directamente por la desaparición de todos los servicios públicos, concibe su prestación como un acto de caridad estatal. Aquí entra en juego la diferencia entre la concepción del Estado como un Estado de bienestar o como un Estado asistencial. En el primer caso, los servicios públicos básicos son conceptualizados como derechos sociales que el Estado tiene la obligación de proporcionar con cierto grado de calidad. En el segundo, se conciben como una ayuda para aquellos que no pueden pagar una sanidad o una educación de calidad. En este caso uno no tendría derecho a quejarse porque la caridad siempre debe agradecerse. El neoliberalismo gana la batalla cuando los ciudadanos que siempre están dispuestos a exigir a la empresa privada un trato de calidad, comienzan a asumir que lo natural es que la administración nos proporcione un trato deficiente. Cuando pierda una prestación social porque el funcionario de ventanilla es incapaz de explicarle cómo se debe rellenar el impreso 347C, no se queje con sus vecinos de que todos los funcionarios son unos vagos. Cuando su hijo no aprenda geografía, no se limite a ir diciendo por ahí que los maestros no hacen su trabajo y que, además, tienen demasiadas vacaciones. Cuando su médico llegue dos horas tarde a la consulta y luego le despache en cinco minutos, dejándole con la sensación de no haber solucionado nada, no se limite a hacer notar en sus reuniones familiares que los médicos viven muy bien. Quéjese ante la autoridad competente o, de lo contrario, estará renunciando a sus derechos y contribuyendo al deterioro de los servicios públicos.

Convencer a los ciudadanos de que los funcionarios son unos vagos y de que los servicios públicos son ineficientes, no es algo desinteresado. El neoliberal necesita con desesperación deteriorar la imagen de los empleados públicos porque, en su fuero interno, sabe que la empresa privada nunca podrá competir con los Estados en el ámbito de los servicios básicos. Una sanidad cuyo fin último es la obtención de beneficios, nunca podrá competir con una sanidad cuyo fin último es garantizar el derecho a la salud. Lo mismo ocurre con la educación. El dogma neoliberal de que la búsqueda del beneficio económico basta por sí sola para proporcionar un producto de calidad, choca con la evidencia cuando se aplica al ámbito de los servicios esenciales. La obtención de beneficios es incompatible con los derechos a la sanidad, a la educación y a las prestaciones sociales.

Descargar entrada en pdf

Licencia de Creative Commons
‘La ideología neoliberal en nuestras vidas III: los funcionarios son unos vagos’ de Jorge A. Castillo Alonso en garabatosalmargen.wordpress.com está bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported License.

A %d blogueros les gusta esto: